El documento, aprobado en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, acusa al Ejecutivo socialista de «retirar pruebas clave» relacionadas con la muerte de los dos agentes, en lo que considera «una grave obstrucción a la finalidad investigadora de la misión». Se refiere el informe al hecho de que el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, «retirara la embarcación patrullera implicada en el asesinato de Barbate» con el fin de que no pudiera ser examinada por la misión de eurodiputados.
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