España ha planteado a la Comisión Europea la posibilidad de activar mecanismos legislativos que permitan limitar la adquisición de viviendas para usos no residenciales en las regiones ultraperiféricas, una medida orientada a aliviar la presión sobre el mercado inmobiliario en territorios como Canarias. La propuesta forma parte de la respuesta española a la consulta pública de la Unión Europea sobre el futuro Paquete de Simplificación Normativa de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y la nueva estrategia comunitaria.
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