Los magistrados discrepantes abogan por un estudio pormenorizado "de los bienes e intereses" afectados por las prospecciones del subsuelo marino para decidir perforar con mejor criterio. El voto particular a favor del recurso del Cabildo de Fuerteventura tilda de inconcreto e impreciso la referencia ambiental en el Real Decreto de 2012 que autoriza las prospecciones. Los magistrados entienden que habría que plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de entrar a decidir sobre los recursos ya rechazados.
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