El alto tribunal respaldó este planteamiento y concluyó que no procedía indemnización alguna. En consecuencia, desestimó el recurso e impuso las costas procesales al demandante. La sentencia -la n.º 1.136/2025- consolida el criterio del Tribunal Supremo sobre la actualización de rentas: sin un daño real, probado y directamente imputable, no cabe exigir responsabilidad patrimonial al Estado. "Las expectativas o sueño de ganancia del arrendador" no son suficientes para fundamentar una indemnización, según el fallo.
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