Según las memorias que el PCE ha presentado anualmente al Tribunal de Cuentas, y recogidas por éste en el llamado Informe de fiscalización del cumplimiento del principio de transparencia por los partidos políticos, publicado en 2025, durante el periodo 2017-2023, el PCE se vio obligado a recurrir sistemáticamente a la venta de su patrimonio inmobiliario para mantener su actividad política. El descalabro de Podemos y SUMAR ha agudizado la situación.
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