Cita numerosos ejemplos prácticos de proyectos incompatibles con la sostenibilidad en distintas zonas y sectores económicos, con el proyecto en el Puertito de Adeje como máximo exponente. España lidera el triste ranking de países con más procedimientos de infracción abiertos por motivos ambientales por parte de la Comisión Europea. En especial, la organización ecologista denuncia la creciente creación de normas desreguladoras de todo tipo; el uso fraudulento de figuras como las de “interés general”, “utilidad pública” o “proyecto estratégico”.
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