Odio el futbol por lo que los bloqueos de La Liga a Cloudflare me fastidian especialmente. Se que puedo usar VPN gratis para saltarme los bloqueos pero no por ello me baja la indignación. Me fastidia porque no veo fútbol, no me interesa lo más mínimo, y aun así cada vez que hay partido me encuentro con algún problema para acceder a algunas webs. Por suerte nunca me ha pasado en Menéame y casualmente tampoco ocurre en plataformas de apuestas deportivas. Lo más alucinante es que no estamos hablando de un capricho ilegal ni de una chapuza técnica improvisada ya que LaLiga tiene respaldo judicial. Varios juzgados de lo Mercantil de Barcelona le han dado autorización para ordenar bloqueos de webs, dominios y direcciones IP implicadas en la piratería de retransmisiones. El invento se llama bloqueo dinámico y consiste, básicamente, en no tener que volver al juez cada vez que aparece una nueva web o un nuevo servidor sospechoso. Se firma una autorización amplia y luego se ejecuta semana tras semana con la bendición del sistema.
En la temporada 2024–2025 se cruzó una línea más. Una sentencia de diciembre de 2024, ratificada después, permitió bloquear direcciones IP en tiempo real durante los partidos. En directo. Sin anestesia. Mientras se juega el partido, se identifican IP y se tumban. Formalmente todo es impecable, todo tiene sello judicial, todo se hace en nombre de la propiedad intelectual. Y ahí es donde empieza el problema, porque la realidad técnica de internet no encaja bien con esa lógica de lista negra y botón rojo. Muchas de esas IP pertenecen a infraestructuras compartidas como Cloudflare o Google. No son servidores de una web concreta, son autopistas por las que circulan miles de proyectos legales. Cuando se bloquea un rango entero, no cae solo el chiringuito pirata, caen también medios pequeños, tiendas online, portfolios profesionales, herramientas de trabajo, webs culturales y servicios que no tienen absolutamente nada que ver con el fútbol. Y aun así, cuando Cloudflare ha intentado impugnar estos bloqueos, un juzgado de Barcelona ha rechazado la queja y ha avalado la práctica incluso sabiendo que afecta a terceros inocentes.
Aquí es donde creo que se nos está tomando el pelo. Se acepta explícitamente el daño colateral. Se asume que es un precio razonable. Que durante unas horas es normal que internet funcione peor, que servicios legales se vuelvan inaccesibles y que empresas pierdan dinero porque alguien ha decidido que es la única forma eficaz de proteger un negocio audiovisual multimillonario. Es la clásica lógica de matar moscas a cañonazos, solo que las moscas somos todos. LaLiga se defiende diciendo que actúa conforme a derecho, que los bloqueos son necesarios para combatir la piratería en tiempo real y que los datos demuestran una reducción significativa de emisiones ilegales. Afirma que colabora con operadores y socios tecnológicos para minimizar el impacto y que plataformas como Cloudflare, Google o determinadas VPN tienen una responsabilidad indirecta porque facilitan que los servicios piratas sigan funcionando. Es un discurso pulido, jurídico, perfectamente presentable. Pero no responde a la sensación de abuso que queda en el usuario corriente.
Porque el usuario se queda en tierra de nadie. No ha hecho nada ilegal, no está viendo fútbol pirata, pero de pronto no puede acceder a una web legítima porque comparte infraestructura con otra que sí ha sido señalada. No hay aviso previo, no hay explicación clara, no hay un mecanismo rápido de defensa. Solo hay un bloqueo y un encogimiento de hombros implícito: mala suerte, hoy hay partido. Lo peor de todo es el precedente, si hoy se acepta que se puede degradar el acceso general a internet para proteger el fútbol, mañana se aceptará para proteger cualquier otro interés poderoso.