Lo ocurrido esta semana pasada con Arabia Saudí es un síntoma de una realidad preocupante y que podría resumirse en una frase: la industria militar española no solo es insostenible tal y como está configurada, sino que no es rentable económicamente para el conjunto del país y se ha convertido en un lastre para nuestra política exterior.

Arabia Saudí, un país con uno de los registros de derechos humanos más execrables de todo el planeta, ha sido capaz de forzarle la mano al gobierno español haciéndole dar marcha atrás en una decisión que, más allá de las sensibilidades políticas de cada uno, es totalmente acertada. La venta de 400 bombas guiadas por láser -salidas directamente de los stock del Ejército del Aire- no es justificable bajo ningún punto de vista habida cuenta del constante uso contra civiles que el país del Golfo hace en Yémen. Que hace apenas un mes decenas de niños hayan sido masacrados usando este tipo de armamento solo confirma el total desprecio hacia las más elementales normas de derecho internacional que luce el comprador. Y sin embargo, la monarquía petrolera ha tardado apenas 72 horas en revertir una decisión que, recalco, es de todo punto comprensible.

Lo ha hecho de dos maneras: la primera, recurriendo a canales indirectos. Las relaciones comerciales y políticas entre España y Arabia Saudí no son normales, por decirlo suavemente. La implicación de nuestro anterior monarca en determinadas operaciones -a menudo asistido por personas de su confianza más íntima-y la implicación de algunas de las empresas más poderosas de nuestro país ha generado un velo de opacidad que se sale de lo que cubren estas líneas.

Corinna como "representante oficial" de nuestro país. Fue a la reunión acompañada del embajador de España.

La segunda ha sido el chantaje. Un chantaje extremadamente eficaz, a tenor de lo visto. Y ha funcionado tan bien porque la estructura de nuestra industria militar es un absoluto desastre. El de Navantia, la empresa pública encargada de fabricar las corbetas de marras, es el caso paradigmático. Miren, cualquier industria seria funciona por productos, no por proyectos, pero Navantia hace lo contrario y eso le lleva a sufrir una inestabilidad crónica impulsada por un mercado internacional salvaje, en el que compiten no solamente los pesos pesados del sector, sino toda una panoplia de potencias medias. Y no lo hace con criterios de empresa privada: Navantia está hipersubvencionada por el estado, que no tiene reparo en poner miles de millones de euros a fondo perdido en El submarino sin fondo: la gran estafa del S-80 de la empresa y que, probablemente, habría salido más barato adquirir en el exterior.

Esa injerencia política es especialmente nociva, para las arcas públicas, en otras áreas de la industria de Defensa. Solo hay que pensar en el avión de transporte europeo A-400M, una maravilla de la tecnología de la que España ha comprado 27 unidades que ni necesita ni puede pagar, pero que justifica con el mantra sacrosanto del trabajo que genera y de las capacidades industriales que proporciona.

España necesitaba no más de una docena de A-40oM. Se compraron 27 a cambio de que Airbus pusiese la línea de producción en Sevilla. Lo que sucedió a continuación no te sorprenderá.

La realidad, en cambio, es mucho más prosaica: si hay un sector en el que las puertas giratorias funcionen de manera supersónica, ese es la industria de Defensa. Desde el ministro del ramo (un saludo, señor Morenés) hacia abajo, prácticamente todo alto funcionario del ministerio ha pasado o pasará por el consejo de administración de alguna de las grandes empresas de fabricación de armas patrias. Y esa jubilación dorada, con sueldos muy por encima de los que podrían percibir de uniforme, hace que cuando hay que presionar al gobierno de turno con un programa de armamento la factibilidad de este pase a un segundo plano: total, la fiesta la pagan los presupuestos generales del Estado. Y eso por no mencionar el uso que la industria del sector y el ministerio de Defensa hacen del mantra de los miles de empleos que se perderían: por un lado, llama la atención la súbita preocupación por los derechos de los trabajadores, viniendo de los mismos poderes que no han dudado en precarizar hasta decir basta a todo el que han pillado mediante dos reformas laborales dickensianas. Por otro, el hecho es que son empleos hipersubsidiados, que todo bien y no hay problema, pero es bueno mencionarlo y recordarlo: en un mercado libre no serían empleos sostenibles.

Termino: todos entendemos a los trabajadores de Navantia pero el hecho es que no podemos seguir así. En este contexto no hay un astillero que sea rentable si no asume que deberá vender a países cuyas acciones son incompatibles con la más mínima concepción de derechos humanos, democracia y dignidad nacional. Y España, por si sola, no puede estar constantemente lanzando programas de adquisición de buques solo por sostener Navantia (el motivo, en gran parte, del programa S-80, con el resultado ya mencionado). La conclusión es evidente: el coste económico y político de mantener el chiringuito actual es demasiado alto para el país. La solución más evidente pasa por la reconversión hacia la fabricación de productos civiles o multimodales de alta tecnología (incluyendo propulsión con velas solares o buques automatizados). Para ello se requerirá de una fuerte inversión, que debería ser asumible viendo en qué se ha ido el dinero hasta ahora y, lo más difícil, de voluntad política para terminar con una situación que beneficia directamente a un círculo de personas muy influyentes y a una institución, las Fuerzas Armadas cuya cúpula está muy contenta con el presente estado de la situación: difícil lo veo.