Nunca un juez tuvo en sus manos una documentación parecida de ningún partido político. Ni pidió tanta información de tantos dirigentes y trabajadores de una formación con tan escasos indicios de delito. Ni siquiera nadie se atrevió a tanto en la causa abierta por la caja b del PP, un caso investigado, juzgado por la Audiencia Nacional. El PP, condenado en ese proceso, disfrutó durante al menos 20 años de unos ingresos en metálico de ocho millones de euros abonados por empresarios, muchos de ellos contratistas de la administración pública.