La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizó el dispositivo en septiembre sin encontrar novedades con relevancia penal. [sic]

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga si la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso -vinculado al exdirigente socialista Santos Cerdán- amañaron contratos públicos a cambio de mordidas, ha dictado una resolución que puede suponer un punto y aparte en esta causa: Ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que presente en su juzgado “todos los efectos originales intervenidos” en el registro del domicilio de Leire Díez.

El caso de las presuntas mordidas en las obras del Estadio de La Cartuja tras un acuerdo con la RFEF de Rubiales sigue enmarañado. Uno de los dos cargos señalados por la juez, el gerente del consorcio que gestiona el estadio, David Oviedo, se mantiene en su puesto. La clave es que nadie en la administración autonómica se muestra competente para su cese a pesar de las presiones políticas para que se le suspenda tras el informe de la UCO en el que se le señala como presunto beneficiario de un caso de amaño de contratos.

La jueza imputa al expresidente de la empresa pública que gestionaba el estadio y al gerente, interviene sus teléfonos móviles e investiga sus movimientos bancarios desde 2014

Las investigaciones que Juan Carlos Peinado se encuentra realizando de las actividades de la mujer del presidente del Gobierno, contra quien abrió hace más de un año distintas piezas de Instrucción por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, corrupción y apropiación indebida, vuelven a no encontrar indicios de culpabilidad.

La anterior instructora del caso ordenó a la unidad especializada que investigara el presunto delito de corrupción en los negocios y si podía ampliar el caso a blanqueo de capitales, pero el actual magistrado alega un juzgado desbordado con prioridad en casos más graves aun sin relevancia mediática

Un informe pericial de la Unidad Central Operativa (UCO) de Medio Ambiente de la Guardia Civil ha cifrado en 5,14 millones de euros el posible beneficio indirecto derivado del uso ‘ilícito’ de agua en una finca de la Casa de Alba situada en el entorno de Doñana. ha cifrado además entre 5,87 y 6,27 millones de euros la «cuantificación económica total» derivada de la posible extracción «ilícita». Este informe de carácter muy técnico, ya ratificado en sede judicial por los agentes que lo realizaron.

La Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil ha entregado un nuevo informe a la Audiencia Nacional sobre la participación de los imputados del caso Koldo en la presunta trama de corrupción. En esta ocasión se ha centrado en la participación que la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera habría tenido en las adjudicaciones sospechosas y su conclusión es que del "intercambio de mensajes" descubierto y en parte se intentó borrar "permite inferir que el asesor ministerial Koldo García intervino en la selección de [....]

Mientras la Fiscalía Anticorrupción pone encima de la mesa un informe que demostraría el fraccionamiento de pagos, la Benemérita sigue sin ver nada punible pese a disponer de los mismos datos

Al juez Juan Carlos Peinado se le siguen acumulando las negativas judiciales a que prosiga insistiendo en la relación de Begoña Gómez con el rescate de Air Europa. Si hace casi un mes era la Fiscalía Provincial de Madrid la que cuestionaba su decisión de solicitar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) volver a investigar el rescate de la aerolínea, ahora ha sido la propia UCO la que ha comunicado al magistrado que no hay "hechos nuevos" que investigar.

La Guardia Civil desvela la manipulación por parte de José Luis Ábalos y Koldo García de contratos de varias obras ferroviarias con la presunta colaboración de la expresidenta de la empresa pública Isabel Pardo de Vera

Las acusaciones particulares de PSOE y Más Madrid han agotado su paciencia y pedido al juez que apremia a la Unidad Central Operativa (UCO), que 222 días después, aún no ha elaborado el informe sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

La jueza solicitó en junio la intervención de la unidad de élite de la Guardia Civil por la "complejidad" y el "carácter interprovincial" de la supuesta trama. La UCO suele ser diligente: apenas un mes tardó en entregar una primera aproximación al patrimonio de José Luis Ábalos. La investigación por corrupción en los negocios y administración desleal contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue sin avances significativos quince meses después de su apertura. La pieza separada.

“De repente un compañero tuyo viene a preguntarte si tú has filtrado algo”, explican las fuentes consultadas, que reconocen que este tipo de investigaciones generan “un plus de sospecha gratuito” entre los agentes y alimentan un sentimiento de malestar dentro de la unidad. Según estas mismas fuentes, la apertura de diligencias internas contra funcionarios del Instituto Armado que están desarrollando su labor judicial provoca frustración y una sensación de desconfianza hacia la cúpula del cuerpo...

El magistrado ordena a la UCO que analice la información aportada por un abogado que ya había intentado que la Justicia investigara unos supuestos depósitos en paraísos fiscales

[C&P] La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló a un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica en la trama de los hidrocarburos al atribuirle por error un contacto con la “organización criminal” que investiga la Audiencia Nacional.

El Tribunal Supremo ha investigado hechos vinculados a los 475 millones prestados a Air Europa, la Audiencia Nacional analiza la concesión de 113 millones a Tubos Reunidos y un Juzgado de Madrid los 53 millones entregados a Plus Ultra. Las operaciones llevadas a cabo la semana pasada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso SEPI y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el caso Plus Ultra, ambas lideradas por la Fiscalía Anticorrupción, y las investigaciones ya ....

Forestales, la firma de energías renovables que la Unidad Central Operativa (UCO) registró este pasado jueves, disolvió en un plazo de dos días un total de 14 empresas. Se dedicaban a obtener autorizaciones públicas del Ministerio de Transición Ecológica, en la era de Teresa Ribera, para la instalación de parques eólicos. Tal y como ha ido desvelando THE OBJECTIVE esta misma semana, Forestalia está vinculada a Servinabar, propiedad de Antxon Alonso, detenido el miércoles en relación con esta nueva causa secreta de la Audiencia Nacional.

Agentes del instituto armado han acudido a mi primera hora de este viernes a las sedes de Correos y de varios organismos dependientes de los Ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para recopilar documentación sobre adjudicación de contratos y subvenciones bajo sospecha de estar amañado.

Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas incluyeron en Ábalos para que Villafuel pudiera operar como mayorista en el mercado de hidrocarburos. Entre otras dádivas, le pagaron un chalet, tal y como muestran las conversaciones: 'hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito'.

La trama de los hidrocarburos, gestionada presuntamente por la empresa de Claudio Rivas y su socio, Víctor de Aldama, pagó el chalet de José Luis Ábalos en La Alcaidesa (Cádiz). Así lo concluye la UCO en el nuevo informe entregado este jueves al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y al que ha tenido acceso laSexta, en el marco de esta causa.