Han pasado cinco años desde que este joven sufrió en silencio el presunto abuso, el desaprecio y las coacciones de José María Hill Prados. Un nombre que, aunque hoy parece haber desaparecido de internet, resuena con fuerza en los archivos judiciales de la ciudad de Barcelona por dos escándalos de pederastia a finales de los 90 e inicios de los 2000.

En la revista de marzo/abril viajamos a Ucrania, Georgia y Grecia, donde la llamada «maternidad subrogada» es legal. También ponemos el foco en España, donde es fácil regularizar un acto que, de haberse cometido en el país, sería delictivo, aunque existen múltiples agencias intermediarias que lo facilitan. Un caso especial es el de GestLife, registrada en EE.UU., que ofrece sus servicios a través de múltiples empresas españolas cuyo administrador único es Diego Prados Hill, condenado en 2007 por pederastia.

José María Hill Prados se alió con el joven del que abusó sexualmente para crear una empresa de vientres de alquiler llena de opacidades. Según consta en la investigación de OCCRP, después del fracaso empresarial, optaron por hacer un lavado de imagen tanto en España como en Ucrania. En nuestro país pasó se refundó llamándose Gestlife y, en la actualidad, continua en funcionamiento.

La agencia de maternidad subrogada Gestlife, que se presenta como un despacho de abogados, practica contratos dudosos, cambios arbitrarios de empleador y un régimen de control sobre sus trabajadores.

Tras recibir un requerimiento legal de la empresa GESTLIFE por un artículo generado por nuestra IA —un resumen de una noticia publicada por La Marea y enviada a KillBait por uno de nuestros usuarios— hemos decidido retirar dicho artículo.

Gestlife considera que la investigación de 'La Marea' sobre el negocio de la gestación subrogada vulnera su derecho al honor. Es la primera vez que recibimos una demanda por nuestras informaciones en casi 13 años de existencia.

Una investigación de ‘La Marea’ ha reunido evidencias de que la agencia de gestación subrogada Gestlife, registrada en EE.UU. (donde esta actividad es legal), desarrolla su operativa desde Barcelona sin ser fiscalizada. Para ello utiliza un complejo entramado de sociedades. Todas ellas tienen el mismo administrador único: Diego Prados Hill, el nuevo nombre del empresario condenado por pederastia por abusar de un niño del Casal del Raval.