Son responsables mercantilmente de haber fomentado una crisis que hizo desaparecer la producción de aluminio de Asturias y llevó al paro a tres centenares de personas. La condena económica se divide en dos: 13,5 millones "en concepto de daños y perjuicios causados por la ausencia de financiación con cargo al patrimonio de Blue Motion Technologies, y 6,1 millones "por los daños y perjuicios causados por la salida fraudulenta de bienes de la concursada".