La imagen es difícil de encajar con la retórica oficial. Mientras la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales describe la finca pública Dehesa de Castilseras como un espacio de “naturaleza viva”, lo ocurrido el 25 de enero de 2026 en uno de sus cotos de caza revela algo muy distinto: una montería que terminó con cientos de animales abatidos y un 48% más de capturas de las autorizadas. Lo que debía ser una actividad cinegética regulada acabó pareciéndose demasiado a una matanza industrial de fauna salvaje.