“Ayuso cree que daña al Gobierno cuando no aplica la ley de vivienda, pero daña a un millón y medio de personas que viven de alquiler en Madrid y que podría ver sus alquileres congelados y evitar subidas abusivas”, reprochó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Rodríguez avisó que de consumarse el rechazo supondría “estar renunciando a más de mil millones de euros”. “Es un coste que no sé si es capaz de asumir”. La transferencia del Estado que se vetaría en caso de no aplicarse el plan sería de 668 millones.

Hasta los 80 el sector público era quien "más vivienda construía", se creaba "vivienda protegida con fecha de caducidad". Luego se empezó a apostar por un modelo en el que "el Estado se dedica a dar facilidades al mercado para que produzca vivienda a precio libre". Desvinculándose de la creación de vivienda pública, se planteó un modelo en el que "el aumento de oferta permitiría generar vivienda para todos y vivienda libre", la idea era: "simplemente dejando que el mercado construyera podríamos lograr que hubiera vivienda asequible para todos".

Un antiguo local de oficinas en Clare Street, Dublín 2, se ha convertido en una propiedad residencial, con hasta 22 habitaciones disponibles para alquilar por un precio de hasta 890€ al mes. Este es uno de los muchos ejemplos de habitaciones compartidas que se anuncian en sitios web y redes sociales, dado que la oferta de viviendas sigue siendo críticamente baja en toda Irlanda. Compartir habitación, una práctica que antes se asociaba principalmente con las residencias estudiantiles, está siendo cada vez más adoptada por trabajadores.