Entre 2022 y 2025, el saldo migratorio neto sumó más de 2,5 millones de personas. Traducido a la unidad real del mercado inmobiliario –el hogar, no el individuo–, equivale a más de un millón de nuevas unidades de demanda. El sistema respondió con unas 89.000 viviendas nuevas al año. El déficit acumulado roza el medio millón. Es una brecha estructural, no una anomalía coyuntural. 2025 fue el mejor año desde 2008: 162.200 visados de obra nueva. El problema es que ese mismo año se crearon 226.000 hogares netos. El déficit no se corrigió; creció.

Por "las dificultades que enfrentan los agentes de la Policía Nacional debido al alza descontrolado de los precios de la vivienda y alquileres, impulsado por la demanda de residentes gibraltareños que buscan opciones más asequibles en La Línea (donde, por ejemplo, un piso de 64 m² cuesta unos 110.000€ frente a 318.000€ en el Peñón). Muchos policías, con sueldos ajustados a la escala nacional, se encuentran con dificultades para acceder a viviendas decentes, obligados a compartir pisos o conformarse con opciones precarias.