Hasta seis meses de cárcel y multas de hasta 2 millones de kyats (casi 1000 dólares). Es a lo que se arriesgan los habitantes de Myanmar por utilizar un servicio VPN sin autorización, tras la promulgación el miércoles 1 de enero de una nueva y polémica ley de ciberseguridad. Según la Junta Militar, la nueva ley tiene como objetivo "prevenir los ciberataques a través de la tecnología electrónica que amenacen la soberanía nacional, la paz y la estabilidad, así como investigar eficazmente y presentar cargos contra los delitos cibernéticos".
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