El Congreso aprobó la tramitación de una ley de Junts para agilizar el desalojo de okupas en 48 horas, con apoyo de PSOE, PP, PNV, CC y Vox. La propuesta modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ampliar medidas cautelares y facilitar la recuperación rápida de inmuebles ocupados. Mientras sus defensores argumentan que protege la propiedad privada, partidos como Sumar y ERC critican que la ocupación es un problema minoritario y advierten del riesgo de criminalizar situaciones de vulnerabilidad.
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