El rol fundamental de muchos de esos 2,4 millones de funcionarios federales, además de costear las coberturas médicas y de mandar los cheques mensuales a los pensionistas, es cerciorarse de que esas 20 millones de personas que trabajan para los contratistas no se aprovechan del dinero público. Por eso, despedir a funcionarios puede ahorrar un poco de calderilla, pero abrir las puertas a que las aseguradoras sanitarias o las armamentistas esquilmen al contribuyente.
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