La publicación de estas normas en el Boletín Oficial del Estado, ese tesoro nacional de regulaciones que a menudo pasa desapercibido para el ciudadano de a pie, destacaba la intención de hacer accesible un derecho uniforme en todo el país, permitiendo que artículos sobre daños por ruina o emanaciones se convirtieran en aliados inesperados para resolver disputas que, sin ellos, podrían derivar en eternos malentendidos entre pisos. Desde 1889, el legislador español ya tenía en mente la complejidad de las relaciones vecinales en un mundo urbano.
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