El derecho a la salud se vio comprometido a causa de una escasez significativa de equipos de protección individual (EPI) durante la pandemia de COVID-19; los familiares del personal sanitario fallecido encontraron obstáculos burocráticos para recibir una indemnización. Continuaron las denuncias de tortura y otros malos tratos, especialmente bajo custodia policial. Los miembros del servicio de seguridad responsables de recluir y torturar a personas en centros secretos del este de Ucrania de 2014 a 2016 continuaron disfrutando de impunidad absolu