Desde la pasada primavera, tras la celebración de las elecciones generales el 28 de Abril, nuestro país está bajo la influencia de la inoperancia política, consecuencia de unas Cortes de las que no emanan normas y de la poca iniciativa legislativa que tiene un Gobierno en funciones.
A la situación política comentada se ha añadido un cierto pesimismo sustentado por los cada vez más numerosos avisos de que el entorno económico se está deteriorando y se encamina hacia el estancamiento o, peor aún, a la recesión.
Por otro lado, al año que viene entran en vigor los límites de déficit estructural y de deuda pública que materializan los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, respectivamente, del sector público.
Centrándonos en la estabilidad presupuestaria, el mandato legal de carácter general es la prohibición de que las Administraciones Públicas (AAPP) incurran en déficit estructural entendido como el déficit ajustado de su componente debido al ciclo económico y neto de medidas excepcionales y temporales.
Sin embargo, excepcionalmente, las Administraciones de la Seguridad Social podrán incurrir en déficit estructural de acuerdo con las finalidades y condiciones previstas en la normativa del Fondo de Reserva, conocido coloquialmente como “hucha de las pensiones”.
La salvedad expuesta da cobertura legal a la situación de necesidad financiera que viene acuciando a la Seguridad Social desde hace varios años (ampliación en https://elgorgojorojo.wordpress.com/2019/09/05/sobre-estabilidad-presupuestaria-y-seguridad-social/). Para tener una idea de la magnitud de la dificultad a la que se enfrenta baste apuntar que, para el ejercicio 2020, el Gobierno prevé que el déficit del subsector administrativo Fondos de la Seguridad Social ronde, en términos absolutos, los 12.000 millones.
No obstante, la normativa que permite la excepción de las Administraciones de la Seguridad Social en materia de déficit estructural está sujeta a condicionalidad. La exigencia consiste en minorar el déficit estructural máximo admitido a la Administración Central en la cuantía del incurrido por aquéllas.
Partiendo de que, como se dijo más arriba, la regla general es que la Administración Central no puede incurrir en déficit estructural, la condición indicada conlleva el que ésta debe presentar un superávit estructural que, como mínimo, compense el déficit de las Administraciones de la Seguridad Social.
La previsión gubernamental es que de la Administración Central termine el año 2020 con un déficit del 0,5% del PIB, estimándose el componente cíclico en un 0,3% del PIB.
En fin, de lo comentado hasta aquí puede deducirse con cierta facilidad que en 2020:
a) las Administraciones de la Seguridad Social incurrirán en déficit estructural que no será compensado con un saldo estructural positivo de la Administración Central
b) el principio de estabilidad presupuestaria está en serio riesgo de quedar desvirtuado si no hay una reformulación legal de su contenido o un retraso en su entrada en vigor
c) los políticos no están tomando en consideración esta cuestión y dejarán que sean los financiadores de la deuda pública, en especial los extranjeros, quienes les marquen el camino a seguir
Comentarios
De lo que se trata es de eludir la responsabilidad. En democracia, todos moriríamos de gangrena, porque la decisión impopular es la amputación. Eso fue exactamente lo que pasó con el Prestige: había que alejarlo o acercarlo a puerto, para tener los daños más controlados, pero nadie se atrevió a hacer lo correcto, por el impacto político del corto plazo.
Esto lleva el mismo camino.
#1 Había que meterlo en un lugar lo más reducido posible o en un tal que las corrientes dispersasen poco los residuos para limitar la afectación al medio.
Alejaron el barco con la esperanza de que llegase lejos y fuese problema de otro ampliando el área del desastre. Había que recluirlo en un lugar lo más cerrado posible pero alejaron el problema para intentar no saber nada del mismo.
Exactamente lo mismo que la reforma de las pensiones y en general la seguridad Social. Es un debate recurrente sobre el que nunca se toma ninguna decisión. La única reforma la hizo el PP aprovechando su mayoría absoluta sin debate. Fue relativamente tímida, porque la situación política tampoco era de sosiego habida cuenta de que venían de una reforma laboral, habían y tenían otras cuantas leyes más que iban a ser muy impopulares.
La bomba demográfica está ahí. Lo sabemos desde los 90. Afortunadamente algunas cosas han cambiado desde entonces, pero otras no. La solución inmediata fue crear un fondo para cuando explotase la bomba y tener tiempo para hacer algo mientras llegaba la fecha.
Una modificación de la estructura del sistema de pensiones, condiciones necesarias para jubilarse, cuantías, etc... aunque se haga un estudio en un mes y se determine que es lo mejor lleva varios años implementarlo gradualmente. Además algo así afecta profundamente a los ciudadanos presentes y futuros y necesitaría un consenso amplio y una buena campaña de información, lealtad de los partidos a un proyecto común y que todos participasen, o al menos enviaran a sus expertos a a las reuniones técnicas para acordar el plan.
Pero no. Se han hecho reformas tímidas aprovechando que un partido tenía mayoría absoluta y el resto se ha quejado, pero no ha hecho nada. El problema es que la bomba demográfica no es algo que explote de repente. La jubilación de los baby boomers sin ser reemplazado por suficientes trabajadores es algo que pasa gradualmente y se solapa con otras cosas, como la precarización del empleo con salarios menores y alto desempleo que reducen proporcionalmente los ingresos que recibe la seguridad social. Y ojo, esto es independiente de cualquier crisis económica. El mercado de trabajo en cualquier sector lo suficientemente maduro está controlado por organizaciones que pagan lo mínimo posible y usan la mano de obra mínima estrictamente necesaria sin apenas capacidad ociosa. Así que parece que los clavos en el ataúd del sistema de pensiones tal y como lo conocemos no van que aumente la población de pensionistas mientras se reduce en proporción la población de cotizantes sino que los nuevos cotizantes cotizan menos que sus predecesores.
Obviamente si lo mezclamos con un ciclo económico negativo la situación es peor, porque la contracción de la actividad aumenta el desempleo o provoca quiebras de organizaciones que justo acababan de comenzar un proyecto que no va a salir adelante o simplemente se posponen cosas hasta que haya financiación.
Y dicho esto que en el fondo no ha sido otra cosa que juntar palabras: Un límite rígido en el deficit no sirve de nada si no se toman medidas para reducirlo o evitarlo. España está en zugwang (cuando en el ajedrez u otros juegos es tu turno de mover pero preferirías no hacerlo porque cualquier movimiento perjudica tu posición).
Para reducir el déficit hay que cambiar la estructura del sistema de pensiones, y seguramente invertir dinero y eso nos llevaría a incurrir el límite de déficit. La Seguridad Social no puede obviar sus obligaciones y por tanto gastar menos y tampoco tiene las herramientas para cambiar como se cotiza o aumentar sus ingresos.
Al presidente de turno le ha quedado un rompecabezas muy bonito y complicado y no parece que esté intentando resolverlo.
Gracias por tu comentario.
Totalmente de acuerdo en que estamos ante la "elusión de una responsabilidad" por parte de los (todos) los políticos y, en especial, del Doctor en Economía, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, a mi juicio, deleznable.
En la línea que apunto en mi escrito (marcar la dirección a seguir), hoy, el BCE avisa de que España no tiene margen ni para subir gasto ni para bajar impuestos (https://www.elconfidencial.com/economia/2019-09-06/bce-aviso-espana-margen-subir-gasto-bajar-impuestos_2212763/). Recuerdo que el BCE posee 260.000 millones de la deuda del Reino de España.
#2 La elusión de responsabilidad es también del votante medio que se ha tragado legislatura tras legislatura el cuento del político medio que promete bajar los impuestos y aumentar el gasto público.
Nos vamos a tener que meter una buena ostia para espabilar me da a mi.
No hablarán de ellos hasta que no se pueda pagar. Entonces dirán que hay que privatizar; Y la pregunta es si no hacen nada al respecto, ¿para qué están ahí?
P.D. Es una pregunta retórica.
#4 Como bien dices hablar, no hablan, pero amontonar palabras que nada significan (es decir, vender "humo") ya lo creo que sí. Como muestra, copio parte de lo que al respecto contiene el famoso documento de las 370 medidas del Doctor en Economía, Pedro Sánchez Pérez-Castejón
28. Propondremos el blindaje en la Constitución del Sistema Público de Pensiones y seguiremos impulsando su fortalecimiento y sostenibilidad ..........
Vamos, un sindiós