La sentencia del Tribunal Constitucional alemán contra la actuación del BCE ha supuesto un terremoto de consecuencias aún imprevisibles en la Unión Europea. El debate técnico, que se mantiene aún, para determinar si este tribunal puede prohibir o no al Bundesbank participar en la compra de deuda de otros países, coleará seguramente durante meses y, acabe como acabé, supondrá un debilitamiento de la zona Euro.
Pero el caso es que nos e trata de un hecho aislado y algunos ya lo advertimos aquí cuando un tribunal alemán puso en libertad a Puigdemont, interpretando por su cuenta los acuerdos sobre la euroorden y el tratado de Schengen. Lo gracioso del asunto es que los que entonces aplaudían al independencia de la justicia de un país miembro respecto a la Unión, ahora se rasgan las vestiduras acusando a la justicia germana de actuar por su cuenta, pasándose por el arco de triunfo los acuerdos firmados.
A ver, amigos: o son churras, o merinas. Y con churras. Esto significa que la justicia alemana, pro algún motivo, está empezando a considerarse por encima de los Tratados Europeos. Lo mismo para lo de Puigdemont que para los del Banco Central Europeo. El caso es que, por razones para nosotros desconocidas, la Unión Europa parece estar siendo dinamitada por uno de los tres poderes de un país miembro, el más grande y potente. Y eso no es una buena señal.
Porque la base del conflicto es la misma: ¿Podía entrar un tribunal alemán a prejuzgar los delitos que se imputaban a Carles Puigdemont, existiendo la Euroorden? ¿Puede un tribunal alemán determinar si las explicaciones que da el BCE sobre la proporcionalidad de sus políticas son aceptables o no?
Pues el caso es que aquí estamos, a verlas venir, para aplaudir o condenar, según nos lo pidan los colores. Y mientras tanto parece que alguien, en Alemania, comienza a creerse el rey del mambo.
Comentarios
Es de suponer que el BCE no pueda incumplir la legislación de ninguno de los países. Si el tribunal constitucional de un país determina que una entidad europea está incumpliendo la constitución de ese país, habrá que ver si ese país debe modificar su Constitución para adecuarla a las normativas europeas. Y si la entidad está obrando mal, deberá juzgarlo un tribunal europeo.
En España ya se hizo una modificación cuando se entró en la UE, para permitir a los ciudadanos de otros países de la UE presentarse como candidatos a las elecciones municipales.