Los datos de Eurostat a nivel europeo confirman esta tendencia, que se extiende por gran parte del espacio comunitario: en 2023, una cuarta parte de los inquilinos de la Unión Europea estaba en riesgo de pobreza, en contraste con el 12,8% de los que contaban con vivienda propia. En el caso de España, el riesgo de pobreza entre los propietarios también es la mitad que el de las personas que viven de alquiler. La crisis de la vivienda, y en especial la del alquiler, está acentuando la brecha socioeconómica entre propietarios e inquilinos.

El Tribunal Supremo ha reconocido, por primera vez en una sentencia, el derecho de los inquilinos de viviendas vendidas en 2013 por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a un fondo buitre durante la alcaldía de Ana Botella.