La ciudad de Madrid tiene al menos 31 colegios en los que el amianto, producto peligroso al contacto y que tiene prohibida su producción y comercialización desde 2002, aún no ha sido extraído de las instalaciones. La exposición al amianto está reconocida como enfermedad profesional y ha sido objeto de indemnizaciones a trabajadores fallecidos de Metro de Madrid. La ley apunta que el amianto debe ser retirado antes de que se deteriore y comience a liberar toxinas y partículas
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