Madrid se ha convertido en el epicentro de una paradoja que llama la atención: mientras crecen las denuncias por violencia de género, disminuye la protección institucional. Las carencias no se derivan solo de estas instancias que ofrecen amparo social, psicológico o habitacional –que cada vez están más escuálidas–, sino que también los últimos datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial confirman una tendencia inquietante: la Comunidad de Madrid es la región que más órdenes deniega.
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