El Estado de Alarma que será convalidado mañana establece una amplia potestad de la Administración de prohibir manifestaciones y reuniones, en lugares públicos y privados, bajo pretexto sanitario, para a continuación aclarar que esta medida «no afecta a actividades laborales ni institucionales». El derecho de manifestación quedaría virtualmente suspendido por el plazo de seis meses, y supeditado al preceptivo régimen de «autorización previa«, a diferencia del régimen anterior a la alarma sanitaria, que era de «comunicación previa«.

"Me complace confirmar que España ha llevado a cabo los procedimientos nacionales necesarios para concluir el Acuerdo, que entrará en vigor para nuestro país en la fecha indicada en la presente carta«, reza por carta el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, a la Comisaria de Sanidad y Seguridad Alimentaria Stella Kyriakides. El acuerdo, publicado ya en el BOE, establece una cláusula de exención de responsabilidad para los fabricantes de las vacunas.

Las imágenes de un Policía Local de Miranda de Ebro hincando la rodilla sobre el cuello de un menor de edad, que supuestamente no llevaba mascarilla, es una violación del Protocolo de Actuación con Menores que deben aplicar obligatoriamente todas las Fuerzas de Seguridad. El policía aplicó un método de tortura que se hizo mundialmente conocido con el asesinato en Estados Unidos del afroamericano George Floyd.

Un buen ciudadano debe quedarse en casa, ¿no?

No vamos a proponer una tesis alternativa del origen y trasfondo del coronavirus, sino que vamos a hacer un ejercicio de seis puntos, consistente en hacer una simulación sobre todo lo que está ocurriendo en estas últimas semanas, pero purgando el manido coronavirus de la ecuación.

El criterio que hasta ahora tiene establecida la Dirección General de Tributos de la Agencia Tributaria, es considerar que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es "segundo pagador" a efectos de Renta, a pesar de que se trata del pagador que se hace cargo de los salarios (parcialmente) mientras dure el ERTE. La letra pequeña es que, en caso de retenciones mínimas (algo muy habitual en la contratación de los últimos años), implica que la declaración de la renta de 2021 saldrá, gracias a esta maniobra contable, a pagar.

Lo mismo que en otros países, en Estados Unidos la falsificación de los certificados de defunción también se está imponiendo sobre la marcha porque necesitan de la pandemia imperiosamente. Antes contaban de una manera y a partir del 24 de marzo lo hacen de otra. Esto significa que el fraude es de gran calado y que en el futuro el coronavirus servirá para múltiples usos, tanto sanitarios como políticos.

Aunque en la situación actual pueda no parecer oportuno poner en duda las informaciones oficiales, dado que la prioridad es acabar con la pandemia, nunca está de más (puede ser fundamental) entender por qué se ha producido, por lo que la autora propone disipar estas inquietudes recurriendo a datos científicos, es decir, no interpretaciones, que nos permitan hacernos una idea de qué está pasando. Atribuir cualidades humanas a un virus ("el coronavirus selecciona sus víctimas") es quizá una de las principales falacias que hay que desterrar.

Ya sea vía ERTE, despidos, subsidio o economías informales, hay un dato incontestable de la crisis del coronavirus sobre el que no existe discusión: vamos a salir del Estado de Alarma con una drástica caída de ingresos, mientras que, en principio, los gastos como la hipoteca o el alquiler permanecen intactos. Y no nos confundamos: esta situación por la que vamos a pasar no la va a resolver "un buen abogado", sino nuestra propia tenacidad a la hora de enfrentar a un enemigo poderoso. Hablamos de una auténtica huelga hipotecaria.

Denuncian en Twitter que una de las áreas de servicio más concurridas de la autovía A-2 a su paso por Almadrones, Guadalajara, mantiene casino y prostíbulo abierto, a pesar de ser una parada habitual de camioneros y patrullas de la Guardia Civil de manera diaria.

El simulacro de pandemia titulado Evento 201 fue un ejercicio de simulación de alto nivel que tuvo lugar el 18 de octubre de 2019 en el hotel The Pierre, de Manhattan, según la agencia de noticias Bloomberg, que tuvo acceso exclusivo. Los participantes (banqueros, empresarios de alto nivel y responsables de organismos financieros mundiales) se reunieron para explorar ideas sobre cómo mitigar los devastadores impactos económicos y sociales mundiales que resultarían de "un brote intercontinental grave y altamente transmible".

Una de las consecuencias que tendrá la declaración del Estado de Alarma está en sus efectos económicos. Desde autónomos que no pueden abrir sus locales a empleados sometidos a suspensión de pagos por inactividad. Esta circunstancia trae una reacción en cadena en la economía familiar que si no se prevé adecuadamente, puede devenir en catástrofe. La cláusula rebus sic stantibus establece que, acreditada la caída de actividad, puede invocarse una moratoria en el pago de obligaciones, su reducción o la resolución de los contratos.

Un policía nacional amenaza a un activista de la PAH con denunciarle si publica las imágenes tomadas de un violento desahucio en Guadalajara, en la barriada del Alamín, gestionada por la Sociedad de San Vicente de Paul.

La localidad alcarreña volverá a vivir un intento de desahucio mientras la propiedad del inmueble se dirime en los tribunales. Esta vez, al igual que la anterior, la SSVP convoca una concentración en el portal para apoyar a la comitiva judicial mientras que desde la PAH aseguran que estarán en el mismo lugar desde la noche anterior al alzamiento de la vivienda. Desde la PAH denuncian que este tipo de concentraciones han sido utilizadas por la Subdelegación del Gobierno para así prohibir la que tenía convocada la PAH a las puertas del desahucio.

Si quedarse en casa es la solución, ¿por qué no se paralizan los desahucios?

El organismo falsificó los datos de entrada para impedir que la PAH se concentre en un desahucio previsto para el 12 de marzo que insta la Sociedad de San Vicente de Paul. Según la Subdelegación, la convocatoria de la Plataforma no podía ser autorizada porque la Sociedad había comunicado una concentración "para apoyar a la comisión judicial" minutos antes. La PAH presentó su solicitud mediante registro electrónico, mientras que la SSVP lo hizo en papel, fuera del horario de oficicina, y el nº de registro evidencia que la hora fue manipulada.