Presentan un recurso contencioso-administrativo por vulneración de derechos fundamentales respecto a la orden de la Consejería de traslados forzosos de personal sanitario al Hospital de Emergencia Enfermera Isabel Zendal. Los sindicatos estiman que alrededor de 1.000 profesionales, entre enfermería y médicos especialistas, han sido forzados a trabajar en el nuevo hospital bajo las amenazas antes expuestas y hasta un 30% del personal solicitado se ha negado optando por otros destinos tanto en la privada como en diferentes comunidades autónomas.

La posesión de pequeñas cantidades será considerada una infracción civil con multa económica y la posibilidad de evadirla acudiendo a un programa de rehabilitación. "Sabemos que el castigo por adicción no funciona y no mejora los resultados para las personas", dijo en un comunicado Steve Allen, director de la Autoridad de Salud de Oregón (OHA). Allen reconoce que la ley entra en vigor en un momento crítico ya que las sobredosis se han disparado en un 70 % en el estado desde que la pandemia de la covid-19 comenzara en marzo del año pasado.

Revoca las redenciones a Etxaniz Alkorta alegando que usó 'términos genéricos' ya que "no incluyen la petición de un perdón expreso a las víctimas concretas de sus acciones terroristas ni un claro resarcimiento económico". La Sala relata además que Echaniz remitió ese escrito de arrepentimiento en 2016 cuando solicitó ese beneficio penitenciario por su labor en el comedor de la cárcel y recuerda que ese tipo de redención por el trabajo "está en vías de extinción" y que deriva del artículo 100 del viejo Código Penal.

Una mujer de 43 años ha sido detenida como presunta autora de las amenazas y coacciones realizadas por Whatsapp. La supuesta autora le reclamaba a la victima la cantidad de 12.000 euros por una deuda. Esta deuda supuestamente correspondía a la venta de 3,5 kilogramos de marihuana que la victima afirmaba ser ficticia.

Marta Bosquet, de Ciudadanos, asegura que se está planteando esta iniciativa en la reforma del reglamento de la Cámara en la que se está trabajando. «Si no tienes nada que ocultar ni estás inmerso en un procedimiento judicial de carácter delictivo, no tendrías por qué no querer responder a las preguntas que se hagan en una comisión de investigación, máxime cuando algunos de los comparecientes citados pueden ser incluso representantes público, por lo que tenemos que tener un plus de responsabilidad por encima de los demás y ser ejemplarizantes