El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha anunciado hoy que su grupo rechazará hoy la proposición de ley de UPyD contra la corrupción que, entre otras medidas, pide que se prohíba por ley que un alcalde o concejal pueda ocupar un escaño en el Congreso, el Senado o cualquier parlamento autonómico.

La salida catalana de la Unión implicaría cerrarse las puertas de un mercado formado por 28 países, algunos de los más ricos del mundo, que suman una población de más de 500 millones de personas. Un varapalo muy difícil de superar, ya que en la actualidad Cataluña exporta a Europa mercancías por valor de 58.321,7 millones de euros (el 62% del total), según el instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT), que se suman a los 49.131 millones en exportaciones al resto de España.

El auto de la juez Mercedes Alaya que esta semana ha planteado la preimputación de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de otros cinco ex consejeros autonómicos provoca, al menos, una decena de dudas sobre la pionera utilización por parte de un juez de instrucción del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En España, más de 300 políticos en todas las administraciones están imputados en presuntos casos de corrupción que se despliegan por todo el territorio y que afectan sobre todo a las comunidades del arco mediterráneo, con Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza, seguidas de cerca por otras regiones como Cataluña o Galicia.

Cataluña es la región más corrupta de España y una de las peor gestionadas de toda la UE, según revela la propia Comisión Europea. La comunidad catalana ha sufrido un sustancial declive económico y financiero a raíz de la radicalización nacionalista, más allá de la actual crisis. No en vano, ha sido superada por Madrid en los principales indicadores económicos a lo largo de la última década. Sin embargo, este particular deterioro también se refleja, muy especialmente, a nivel institucional.

Según informó UPyD, así consta en la enmienda que ha presentado dicho grupo parlamentario a la totalidad del Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, normativa que regula la disciplina de los militares. A juicio de la formación magenta, es necesario “armonizar las exigencias del ámbito profesional militar con un entorno que ha evolucionado en múltiples facetas sociales y políticas”. “[...] los miembros de las Fuerzas Armadas deben poder ejercer sus derechos cívicos como ciudadanos de pleno derecho que son [...]“

El discurso de Luis de Velasco me ha resultado muy preocupante: no por el escaso punch parlamentario del de UPyD, que eso ya lo sabíamos, sino porque ha sido un discurso de izquierdas, rayando en la radicalidad, que habría podido firmar el ala más siniestra, en el doble sentido, del PSOE. El eje alrededor del cual ha pivotado ha sido la necesidad de "una sociedad más igualitaria".

ACPV promociona la asistencia a la mencionada acción no como un acto independentista organizado por una entidad catalana de titularidad privada -aunque cuenta con el respaldo de Mas-, sino como una «cadena humana por la lengua». La entidad se compromete a facilitar autobuses para aquellos interesados en participar en el acto secesionista de Cataluña. Los autocares partirán desde Valencia y Castellón.

El Gobierno regional justifica la subvención en criterios de interés público, social y económico, reseñando que el Cenatic es «el único proyecto estratégico nacional para la promoción de las tecnologías abiertas, la difusión del conocimiento de esas tecnologías y la creación de empresas tecnológicas locales». Asimismo, se apunta que el centro tiene «un valor añadido al sector empresarial» mediante la difusión, puesta en valor, canalización, impulso y desarrollo de proyectos para el sector...

El portavoz en Andalucía de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Martín de la Herrán, ha manifestado hoy que su formación política está ultimando una denuncia ante la Fiscalía contra UGT y la Junta, por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos y falta de control de los mismos, respectivamente.

"Si alguien busca que nos etiquetemos no lo vamos a hacer, porque creemos que este país está muy sobrado de etiquetas". Así, ha defendido a UPyD en laSexta Noche de esta sábado 31 agosto 2013 como un actor muy importante para acabar con el bipartidismo en nuestro país, y es que "en los últimos 30 años se ha instaurado una dinámica política que consiste en que los dos grandes partidos coinciden en muchas de sus prácticas y sus malas prácticas, muy señaladamente en la corrupción".

El odio generado hacia España tiene graves consecuencias. La casa de un catalán afiliado a Ciudadanos (C's) ha sido apedreada este mes de agosto por el simple hecho de tener colgada la bandera de España en su balcón. C's ha acusado abiertamente a CiU y ERC de estar "potenciando este tipo de actos violentos". El mismo afiliado ya había sido objetivo de los separatistas en dos ocasiones anteriores...

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) estudia si el borrado de los discos duros de los ordenadores utilizados por el extesorero del PP Luis Bárcenas supone un delito de destrucción de pruebas y obstrucción a la Justicia y no descarta llevar el caso a la Fiscalía si así lo recomiendan sus servicios jurídicos.

La representante de UPyD, Irene Lozano, ha acusado al presidente del Congreso, Jesús Posada, de estar "degradando la Cámara" y estar convirtiéndola en un "lacayo del Gobierno" por haber impedido que la Diputación Permanente pueda debatir, no decidir, sino sólo debatir, la conveniencia de una segunda comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para explicar el caso Bárcenas.

Las dos formaciones políticas se han opuesto a la candidatura. Los sindicatos, que desean controlar la calidad del empleo que se cree, creen que su presencia es innecesaria y un gasto evitable en tiempos de crisis.

La portavoz nacional de UPyD, Rosa Díez, considera que en finiquito abonado al exgerente del PP Cristóbal Páez, sucesor de Luis Bárcenas,. hay un "delito económico y fiscal" atribuible a la dirección nacional del PP y al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La Audiencia Provincial de Murcia ha sustituido la pena de 56 días de trabajos en beneficio de la comunidad impuesta a una mujer acusada de tirar de los pelos y abofetear a su marido por otra de cuatro días de localización permanente al considerar que no se trata de un caso de violencia de género.

Los votantes del PP puntúan mejor a la líder de UPyD, Rosa Díez, y a nueve ministros que al propio presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, mientras que entre los electores del PSOE se pone de manifiesto que tres de cada cuatro votantes socialistas no confían en su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Según Rajoy, las acusaciones contra él son calumnias que no están probadas en los tribunales y, por tanto, no tienen ningún valor. Así lo repitió de mil modos. "Sólo corresponde a los jueces establecer la verdad", aseguró. No es así: los jueces establecen los delitos y, para ello, determinan los hechos probados. Se trata de la verdad judicial, pero ésta es distinta de la verdad política, que conduce directamente a su responsabilidad, por acción o por omisión.