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El periódico noruego Aftenposten ha afirmado que es el único medio en el mundo que ha logrado tener acceso ilimitado a los 251,287 cable diplomáticos. Wikileaks había firmado acuerdos de distribución de los documentos con solamente 5 grandes períodicos (The Guardian, El País, Le Monde, The New York Times y Der Spiegel). Esta filtración pone en peligro la estrategia de Wikileaks de asegurarse el control exclusivo de los documentos.

Hablar de Boardwalk Empire, la nueva serie de HBO, centrada en la corrupción del Atlantic City de la ley seca es hablar de calidad. La de Martin Scorsese, el grande del cine, productor y director de este nuevo ejemplo de una televisión que desde hace años supera al séptimo arte en contenidos y apuestas. Pero sobre todo es hablar de Steve Buscemi, el eterno actor de reparto, rey del cine independiente y perfecto para papeles de pusilánime, escurridizo, retorcido o simplemente, perdedor.

Una expresión clara y sin discusión posible es la pobreza de nuestro escaparate científico que se manifiesta internacionalmente en el número de Premios Nobel de Medicina y Ciencia que han desarrollado toda su investigación científica en España. Pues bien, como digo, el balance es tan pobre que solo tenemos uno, Santiago Ramón y Cajal. Premio Nobel, por otra parte, que él mismo, y a lo largo de toda su vida activa como científico, fue el máximo exponente en denunciar esta situación de la Ciencia en España.

En los cables filtrados por Wikileaks hay informaciones que a Estados Unidos le interesa que se sepan. Hillary Clinton lo aprovechó ayer: los documentos confirman que Irán es una amenaza para todos. En varios archivos, dirigentes árabes de Jordania, Arabia Saudí, Qatar, entre otros, se quejan en privado de Irán y piden un ataque contra sus instalaciones nucleares. EEUU no podría haber filtrado esta información de un modo mejor. Ahora sabemos que Irán es malo para todos y encima la culpa es de Wikileaks, que se ha encargado de difundirlo.

El artículo 525 del código penal español, que establece una pena de hasta doce meses por ofender "los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa" representa un innecesario peligro en el ordenamiento jurídico de un país democrático y, desde el momento en que el mismo código no establece penas específicas por ofender los "sentimientos" o las opiniones económicas, políticas, científicas o filosóficas, es de hecho una ley antiblasfemia encubierta.