El sistema actual es reactivo: se investiga cuando el delito ya se ha consumado, el dinero ha desaparecido y alguien ha decidido denunciar. Hay controles formales, pero no consiguen detectar los indicios que se dan en casi todos los casos antes de que estos se consumen, como el troceo sistemático de contratos para evitar controles, las sociedades pantalla para inflar precios o desviar fondos, las comisiones ilegales o el foco en los contratos de servicios esenciales y obra pública.
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