Los y las pacientes pueden inscribirse en el registro de forma personal, pero también a través de un familiar, una tercera persona o una organización civil, autorizada por el Ministerio de Salud, que es la autoridad de aplicación de la normativa. “Las causas penales seguirán existiendo para aquellas personas que tengan las plantas y no estén registradas y no puedan demostrar su necesidad para uso terapéutico”.