El año pasado, el gobierno local pasó el recibo por primera vez a la concesionaria y ascendió a 965.864,31 euros, según confirman fuentes sanitarias. La concesionaria se negó a pagarlo y recurrió al Tribunal Económico Administrativo del Concello. Este órgano insistió en que la empresa debe pagar. Así que la unión de empresas que forman Acciona, Puentes y Calzadas, Veolia y Concessia ha acudido al juzgado contencioso-administrativo para reclamar.