Primero, que la lógica de los firewalls nacionales choca con una infraestructura diseñada para saltar fronteras. Las VPNs, los proxies o el mero cambio de DNS convierten fácilmente cualquier cortafuegos en un colador. Segundo, que obligar a entregar documentos oficiales a un tercero privado introduce un dramático vector de riesgo: las bases de datos de pornografía vinculadas a identidades civiles son un caramelo para ataques y chantajes, tal como advirtieron los propios legisladores de Louisiana al estrenar la medida. Y tercero que el daño...
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