La iniciativa de Pedro Sánchez para restringir el acceso de los menores de dieciséis años a las redes sociales apunta más allá de la protección infantil. Es un intento de recuperar poder regulatorio frente a plataformas globales que operan fuera del control europeo. La autonomía estratégica no depende solo de infraestructuras o datos, sino de la capacidad política para imponer límites a quienes dominan el ecosistema digital.
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