La relación con José Luis Ábalos y su paso por el Departamento de Energía y Minas del Gobierno de Aragón justo en el comienzo de los trámites de Geoalcali para abrir Mina Muga ponen los focos del sector crítico del socialismo en Alfonso Gómez Gámez

El, hasta este 12 de junio, secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha dicho que “irá a declarar” ante el Tribunal Supremo en la investigación del caso Koldo, tras un informe de la UCO que le implicaría en presuntas adjudicaciones de obras públicas. Horas después ha anunciado su dimisión y entregará su acta de diputado.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el que inicialmente se conoció como caso Koldo destripa una operativa para el cobro de mordidas a cambio de contratos públicos que se prolongó durante toda una década. De un lado, un ministro, su asesor y el secretario de Organización del PSOE. Del otro, una docena de empresas que supuestamente se beneficiaron de las adjudicaciones de obras del Ministerio de Transportes; en concreto, del gestor de infraestructuras ferroviarias Adif y de la Dirección General de Carreteras.

Tras pedir al PSOE que "vaya más allá" en sus explicaciones, ha afirmado que, en principio, no hay mayoría para que salga adelante una moción de censura ni apoyos para conformar un nuevo Ejecutivo, y ha recordado que el PNV siempre espera a que haya sentencia.

La eurodiputada y número dos de Podemos, Irene Montero, considera que, de confirmarse las informaciones que afectan al número tres del PSOE, Santos Cerdán, "ya no estamos hablando del 'caso Koldo', de una manzana podrida, sino del 'caso PSOE', de un caso estructural de corrupción con la Secretaría de Organización del Partido Socialista como como base o como núcleo de esa trama".

Los solares se distribuyen en varios distritos: tres en Vallecas, dos en Vicálvaro, dos en Fuencarral-El Pardo, y uno en San Blas-Canillejas, Latina, Usera, Carabanchel y Villaverde. El Gobierno regional asegura a 'Público' que la primera residencia contará con 150 plazas, superando en 30 el máximo recomendado por el Acuerdo de acreditación estatal de 2022. Actualmente, el coste del suelo para una residencia de 150 plazas en Madrid oscila entre dos y tres millones y medio de euros, según fuentes empresariales consultadas por 'Público'.

El Partido Popular ha vuelto a utilizar su mayoría absoluta en el Senado para introducir modificaciones clave en la reforma de la Ley de Asociaciones que suprimen, de facto, el mecanismo previsto para disolver entidades que hagan apología del franquismo. En su lugar, los populares han centrado el foco en perseguir exclusivamente aquellas asociaciones que enaltezcan el terrorismo o humillen a sus víctimas, en una línea ya defendida previamente durante la tramitación del texto en el Congreso de los Diputados.

Según un estudio que sigue una metodología basada en redes (bpspsychub.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjso.12665), hay más diversidad de pensamiento entre los republicanos que entre los demócratas.