«La precipitación en la elaboración y posterior aprobación de una norma sin las debidas garantías podría comprometer su validez y generar inseguridad jurídica» indica la contestación en la que se añade que «las razones por las que aún no se ha creado en Asturias el Registro de personas objetoras de conciencia, se encuentran jurídicamente justificadas en que la creación de un registro administrativo que afecta al ejercicio de un derecho fundamental, como es la objeción de conciencia»
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