¿Va la justicia a dos velocidades en función de los intereses judiciales que se muevan? Es una pregunta que se ha convertido en recurrente durante los últimos meses. Si bien para proceder con ciertas investigaciones, informes y juicios han bastado días o semanas, otras se han demorado meses o años sin que exista una explicación aparente a esta diferencia en el apremio. Es el caso, por ejemplo, de la instrucción que ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos, que se ha
