Lo que pretenden los populares es eliminar esa posibilidad: que el propietario del inmueble okupado no tenga que seguir pagando los suministros (agua, luz, gas...) para no incurrir en dicho delito de coacciones. Se basa en un precedente judicial para justificar este cambio legislativo: el pasado marzo, los magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona se reunieron para unificar criterios en casos de allanamiento de morada y usurpación de inmuebles y avalaron que los titulares de fincas "no tienen obligación de mantener el alta de los sumi
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