Un proyecto del Gobierno de Ayuso aumenta de tres a cinco años el empadronamiento o contratación necesaria en el municipio de adjudicación para aspirar a hogares con protección pública. El Ejecutivo autonómico apela al fomento del “arraigo”, mientras el PSOE lo ve “discriminatorio”
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Me supongo que de cara a las elecciones, podrán presentar que Madrid cubre un % alto de los solicitantes, y que el gobierno central no puede y bla bla bla