En una sentencia de un Tribunal Superior de Justicia de lo penal se ha acordado investigar al abogado de una de las partes, acusándole de haber redactado un recurso de apelación preguntándole al ChatGPT, o herramienta similar, y copiando su respuesta. El problema es que la herramienta le había citado al menos 7 sentencias del Tribunal Supremo y un informe del Consejo General del Poder Judicial que sencillamente no existen y este abogado no se había molestado en verificarlo.