Este informe, incorporado a la causa penal que dirige el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja sobre la gestión de la dana, detalla que la denominada "emergencia de interés nacional o nivel 3" no se activó ni en el terremoto de Lorca, ni en la erupción volcánica de La Palma ni en las inundaciones de Badajoz, y concluye que, aquel 29 de octubre, la falta de alertas fue una "sentencia de muerte".
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