SINDICALISMO Y LUCHA DE CLASES
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2 años de prisión por denunciar facturas falsas en UGT Andalucía por valor de 40 millones

2 años de prisión por denunciar facturas falsas en UGT Andalucía por valor de 40 millones

Roberto Macías, extrabajador de UGT Andalucía que denunció ante el periódico "El Mundo" una supuesta trama en el sindicato para desviar subvenciones por valor de 40 millones de euros mediante la emisión de facturas falsas destinadas a cursos de formación, ha sido condenado por la jueza del juzgado de lo penal nº 15 de Sevilla a 2 años de prisión por revelación de secretos.

La jueza no ha considerado aplicable la directiva europea de protección de denunciantes de corrupción, vigente desde el pasado diciembre de 2019 y que exime de responsabilidad judicial en casos de revelaciones públicas como éste, argumentando la jueza que no ha sido traspuesta aún por el parlamento al derecho nacional. Cuestión pendiente desde el año 2017, donde todos los grupos parlamentarios se comprometieron a hacerlo ante la Plataforma por la Honestidad, asociación surgida inicialmente en apoyo de Ana Garrido, funcionaria que destapó la trama Gürtel, y a la que se fueron añadiendo otros denunciantes de corrupción, como el exteniente Luis Gonzalo Segura, o el propio Roberto Macías. No obstante, la tramitación de dicha ley se encuentra convenientemente empantanada desde entonces.

La trama destapada por Roberto Macías permitió que se abriera juicio oral por delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil a los exsecretarios generales de UGT-A, Francisco Sevilla y Manuel Pastrana, exculpado por enfermedad, y otras 13 personas dirigentes del sindicato y proveedores, e impuso una fianza de 40,7 millones a UGT, como responsable civil subsidiaria, al considerar el juez que hay indicios suficientes.

La organización sindical, que también se encuentra implicada en múltiples casos de delitos de corrupción en todo el territorio nacional, lejos de pedir perdón por los hechos destapados, depurar responsabilidades entre los infractores, reconocer el delito y devolver el dinero, arremetió contra el denunciante de corrupción, he inició la demanda pidiendo 4 años de prisión y 60.000 € por daños morales.

Modestamente, desde el sindicato provincial de CSC en Sevilla, colaboramos con Roberto para que pudiera defenderse judicialmente ante esta demanda, no solo por una cuestión de solidaridad con un trabajador, uno de los nuestros, sino también porque creemos en su lucha y somos partícipes de ella.

En una suerte de mundo al revés, tenemos al Estado (Parlamento, Junta, fiscalía, judicatura) defendiendo los intereses contrarios a los ciudadanos, con una fiscalía anticorrupción atacando al denunciante de corrupción, defendiendo a los corruptos, mientras ignora la legislación, mostrando la esencia clasista del Estado.

Desde CSC, la actuación deplorable de un sindicato corrupto como UGT, arremetiendo contra sus trabajadores para encubrir sus corruptelas, no nos coge de sorpresa, pues pese a autodenominarse sindicato de clase, su práctica diaria consiste en la traición a los trabajadores, con la firma de convenios colectivos donde se pierden derechos, de despidos colectivos (ERES, ERTES) con los que se llevan suculentas comisiones por cada despedido, a la par que facilitan a las empresas deshacerse de sus plantillas, pagando sueldos con fondos públicos, etc. Todo ello en pago por las millonarias subvenciones que recibe de las instituciones estatales y de la UE. Es más, en la actualidad, UGT tiene abiertos varios procesos por el presunto uso indebido de fondos públicos destinados inicialmente a la formación y que parece ser que fueron destinados a otros fines más oscuros.

Es por ello que, desde estas instituciones, que deberían estar protegiendo el interés de los ciudadanos, se prestan a proteger a uno de sus sindicatos, que buen servicio les presta para justificar la implementación de toda suerte de recortes y reformas contra los trabajadores. Así podemos ver cómo, según la prensa, el anterior gobierno de Susana Díaz, ocultó un expediente que exigía devolver 18 millones de euros a UGT.

Igualmente, en el juicio a Roberto Macías, la Fiscalía Anticorrupción se posicionó en su contra, y alineándose con las tesis demandadas por UGT, en clara connivencia, llegó a pedir 3 años de cárcel y 60.000 € de indemnización, así como tomó la postura contraria a la aplicación de la directiva europea. Posición que finalmente asumió la jueza, y que persigue anular el proceso judicial por corrupción contra UGT, pues con esta sentencia pretende que las pruebas reveladas por Roberto queden anuladas como pruebas obtenidas de manera “ilícita” (situación que la directiva europea impide), y este es el único fin que realmente perseguía UGT-A para librarse de su procesamiento.

En una suerte de mundo al revés, tenemos al Estado (Parlamento, Junta, fiscalía, judicatura) defendiendo los intereses contrarios a los ciudadanos, con una fiscalía anticorrupción atacando al denunciante de corrupción, defendiendo a los corruptos, mientras ignora la legislación, mostrando la esencia clasista del Estado.

Desde CSC apoyamos y nos solidarizamos nuevamente con Roberto Macías, por su valiente defensa de la justicia ante todo un sistema corrompido, y le animamos que lleve su caso hasta las instancias judiciales europeas, que, a pesar de ser igualmente organismos destinados a preservar los intereses de una minoría que conforma una élite económica, tantos reveses han dictado ya contra las resoluciones de una justicia española que pugna por ser la más reaccionaria de Europa.

www.cscsevilla.org/2020/05/2-anos-de-prision-por-denunciar.html

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Sexta Semana de Huelga en Ayesa AT (sector TIC) Convocada por la Coordinadora Sindical de Clase

Sexta Semana de Huelga en Ayesa AT (sector TIC) Convocada por la Coordinadora Sindical de Clase

La convocatoria de huelga se mantiene como medida de protesta y de protección de la salud de los trabajadores y su conciliación ante el desprecio total demostrado por la dirección de la empresa ... al tomar la ilegal, incomprensible e irresponsable decisión de imponer la vuelta a la actividad presencial en pleno estado de alarma

Desde la Sección Sindical de la Coordinadora Sindical de Clase (CSC) en la empresa del sector TIC AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, participada de un 22% por la Junta de Andalucía, hemos acordado la renovación de la convocatoria de huelga para la semana del 22 al 27 de junio por 6.ª semana consecutiva, desde que se inició el pasado 18 de mayo. Esta huelga afecta a la totalidad de la plantilla de todos sus centros de trabajo en el Estado español, es decir, unos 1.500 empleados.

La convocatoria de huelga se mantiene como medida de protesta y de protección de la salud de los trabajadores y su conciliación ante el desprecio total demostrado por la dirección de la empresa hacia la totalidad de los trabajadores y trabajadoras que conforman la plantilla, negando la negociación colectiva en una materia tan sensible como es la desescalada y la prevención de riesgos durante la misma, al tomar la ilegal, incomprensible e irresponsable decisión de imponer la vuelta a la actividad presencial en pleno estado de alarma, período en el que estaba en vigor la preferencia del teletrabajo frente al trabajo presencial, según lo establecido por los diferentes Reales Decretos del Gobierno, y que prorrogan la medida hasta 3 meses tras la finalización del estado de alarma, esto es, hasta el 22 de septiembre de 2020. Esta vulneración de la normativa decretada por el Gobierno bajo el estado de alarma por parte de la Empresa ha tenido también la connivencia de la Inspección de Trabajo de Sevilla, la cual ha demostrado su esencia reaccionaria durante todo este tiempo y ha demostrado su carácter clasista: se posiciona rápido, en pocas horas, en aquéllas cuestiones que la Empresa requiere reafirmación por parte de dicho organismo público -con oficios que hasta da vergüenza ajena leer- y se tira meses, cuando no años, en materias esenciales para las condiciones laborales de los trabajadores como son contrataciones masivas irregulares, sanciones por violar la legislación en horas extraordinarias, etcétera, acreditando que lo mejor que nos podría pasar a los trabajadores es que la Inspección de Trabajo desapareciera y así dejar de mantener a un número importante de parásitos que la componen y que a los trabajadores no nos sirven.   

Con la huelga, además, damos cobertura a los trabajadores para que no acudan a trabajar en las jornadas que le obligue la empresa, de manera unilateral, a acudir a la oficina presencialmente y, de esta forma, impedir las consecuencias de una medida tan despreciable que pone en juego absurdamente nuestra salud y la de nuestras familias, pues el único propósito de tal imposición es el de demostrar el patrón que nuestras vidas le pertenecen, y que en ningún caso dejará que los trabajadores intervengan en las decisiones de la empresa, ni negociará nada salvo con sus sindicatos serviles, CCOO y UGT, siempre dispuestos a traicionar a los trabajadores y a firmar cualquier acuerdo que le interese a la dirección.

De esta manera, la empresa ha obligado a acudir a gran parte de la plantilla presencialmente hasta 3 días por semana, incluidos mañana y tarde, y tanto a personal dentro de los denominados grupos de riesgo, como a personal con familiares a cargo, hijos en edad escolar o mayores dependientes, así como a personal desplazado a los clientes cuyas directrices obligan al teletrabajo, pero que la dirección de la empresa les obliga a teletrabajar (conectándose remotamente a los sistemas del cliente) desde las oficinas de AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES, pese a que no disponían de puesto de trabajo en ellas antes de la pandemia. Incumple así lo establecido en los Reales Decretos del gobierno, y también las medidas de protección y prevención determinadas por las autoridades sanitarias con el fin de mitigar la propagación de la enfermedad COVID-19, y evitar sus efectos más graves sobre la población de riesgo.

Según las recomendaciones obtenidas tras los estudios científicos realizados sobre la propagación del virus, la generación de brotes masivos se dan mayoritariamente en las concentraciones de personas en espacios cerrados sin ventilación natural tras prolongadas exposiciones, circunstancias que encajan plenamente con la actividad de la empresa, cuyo trabajo se desenvuelve en oficinas con salas diáfanas y aforo de centenares de trabajadores, en edificios cerrados con ventilación mecánica, es decir, una situación de riesgo que la dirección se empeña en fomentar y que constituye una auténtica bomba de relojería sanitaria, teniendo en cuenta que el virus sigue presente, y que la desescalada está causando rebrotes del coronavirus en múltiples regiones y países. No hay más que ver las últimas noticias de los diferentes rebrotes a lo largo de la península y de otros países europeos que ya habían relajado las medidas de prevención.

Es por ello que muchas de las medidas de los Reales Decretos y de las autoridades sanitarias han seguido esta línea, limitando los aforos de establecimientos y la concentración de personas en eventos públicos y privados durante todo el estado de alarma. Medidas entre las que destaca la realización del trabajo a distancia como principal método de distanciamiento social.

Desde que se cerraran los centros escolares en la comunidad de Madrid, la semana antes del inicio del estado de alarma, nuestra sección sindical ha estado presionando para que la empresa implementase el teletrabajo, dada la gravedad de la propagación en dicha comunidad, mientras otras empresas del sector como Sopra Steria o Everis ya lo habían implementado en todo el país durante esa semana. La Dirección de AYESA AT trató de evitar esa decisión en todo momento, de forma que hubo que hacerlo de forma apresurada, teniendo que acudir presencialmente la mayoría de la plantilla en el primer día de confinamiento para recoger su equipo informático sobremesa y llevárselo a su casa.

Incluso durante los dos meses de confinamiento estricto de toda la población, AYESA AT mantuvo las oficinas abiertas y a un mínimo de personal trabajando presencialmente, en unas condiciones donde no se pudo dotar de material necesario para la prevención al estar los guantes y las mascarillas requisadas por el gobierno. Esta y otras cuestiones las hemos ido constatando con la visita a las instalaciones en Sevilla que los delegados de CSC venimos realizado desde el principio, recabando pruebas e interponiendo denuncias en la Inspección de Trabajo. También observamos en estas visitas que nuestra labor sirvió para presionar para que no se abandonara el teletrabajo masivamente, pues la presencia en dichas instalaciones del personal correspondiente a las otras empresas del grupo AYESA con las que comparte edificio ha sido mayoritaria, dado que en ellas, o no existe la representación sindical o está al servicio de la dirección de la empresa.

En ese mismo sentido, hemos de encuadrar la nula actividad durante este tiempo de huelga del Comité de Empresa, que se encuentra desaparecido en la práctica, cuya presidencia ostenta Miguel Marín Rodríguez perteneciente a UGT, con el apoyo de CCOO, sindicatos ambos promocionados por la Dirección de la Empresa. Un comportamiento que se puede entender atendiendo a su currículum sindical:

●    Un presidente que llegó al cargo mediante unas elecciones fraudulentas organizadas por la dirección de la empresa, que tuvieron que ser repetidas tras nuestras demandas, y que nuevamente se encuentran impugnadas por CSC por fraude electoral.

●    que firma lo que la patronal le ponga por delante, ya sea el infame XVII Convenio de Consultoría, del que forma parte de la mesa negociadora, firmando tablas salariales que para diversos grupos profesionales han quedado por debajo del SMI.

●    que firma un Plan de Igualdad en AYESA AT que la Dirección de la empresa solo necesitaba para poder seguir licitando en concursos públicos, pero que empeora las condiciones laborales de los trabajadores, razón por la que CSC ha impugnado judicialmente, como ya hicimos con el anteriormente impuesto unilateralmente por la Dirección de AYESA AT, siendo éste otro el primer Plan de Igualdad tumbado por la Audiencia Nacional a una empresa gracias a nuestra denuncia. Sentencia ratificada en firme, posteriormente por el Tribunal Supremo.

●    que ha vaciado de sus funciones al Comité de Empresa, el cual funciona a demanda de la Dirección de la empresa, y que se esconden del virus con convocatorias telemáticas, no reglamentarias, mientras se obliga a los trabajadores a acudir presencialmente.

●    cuyo esfuerzo se emplea en denostar el trabajo de CSC, quitar demandas judiciales antepuestas por nuestro sindicato contra la empresa, declarar como testigo, junto con miembros de CCOO, en los expedientes de sanción que la empresa abre a los delegados de CSC por ejercer nuestra labor sindical, y que invariablemente pierde la empresa en sede judicial, expedientes disciplinarios que son auténticas farsas,

●    que con su inacción mantiene al Comité de Seguridad y Salud del Centro de trabajo de Sevilla sin constituir, permitiendo que la labor de prevención y vigilancia de la salud y del cumplimiento de la ley de los delegados de prevención quede inutilizada, facilitando a la Dirección de la Empresa que pueda incumplirla impunemente,

●    que ha ignorado nuestro ofrecimiento para parar la producción, mediante acuerdo de los delegados de prevención de todas las secciones sindicales, según la potestad que nos otorga la ley de prevención ante una situación de riesgo grave e inminente, como es el caso, con la actividad presencial en oficinas durante una pandemia.

●    que pese a haber convocado desde su sección sindical de UGT, que no desde el comité, una huelga indefinida motivada por el abandono del teletrabajo, en ningún momento hace publicidad de la misma ni llamamientos a secundarla, conociendo únicamente el mantenimiento de su vigencia a través de los comunicados que lanza la dirección de la empresa.

Un presidente, apoyado por la sección sindical de CCOO, cuyos miembros votan y firman al unísono con UGT las propuestas de la empresa, y que lo mismo se prestan al teletrabajo, antes que nadie, argumentando pertenecer a grupos de riesgo, como acuden presencialmente a trabajar, esquiroleando su propia convocatoria de huelga, en cuanto lo requiere la empresa.

La actuación de ambos sindicatos, CCOO y UGT, en Ayesa AT, se equipara con el que ambas instituciones tienen a nivel nacional, siendo parte del engranaje del Estado corrupto que padecemos. Se equipara con su papel en la defensa de los intereses de la patronal traicionando a los trabajadores, con la función de dinamitar las organizaciones obreras que tengan el objetivo de defender sus intereses de clase. Son por tanto una pieza fundamental para que las oligarquías impongan sus criterios políticos y económicos en su beneficio y en detrimento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, razón por la cual otras instituciones del Estado salen en su defensa, como la Junta de Andalucía, ocultando expedientes de devolución de facturas fraudulentas millonarias del sindicato UGT, o como la Fiscalía anticorrupción del Estado, ejerciendo de acusador contra el denunciante de la corrupción destapada en el seno de ese sindicato, al que el fiscal protege.

Si criminal es la actuación de UGT y CCOO, no lo es menos la Inspección de Trabajo de Sevilla, que ha prestado un valioso soporte a la empresa en su pretensión de abandonar el teletrabajo, pues si bien la agilidad de los expedientes que ponemos contra la empresa se dilatan inusualmente en el tiempo, en este caso, en cuanto a la empresa le ha interesado, ha dado una respuesta diligente e inmediata a las denuncias que hemos ido interponiendo respecto al incumplimiento de los reales decretos del gobierno, de manera que ha exonerado a la empresa de su cumplimiento, argumentando que son medidas cuya vigilancia compete a las autoridades sanitarias, dando por ciertas cuantas mentiras la empresa ha tenido a bien expresar, a pesar de que nuestro sindicato ha aportado innumerables pruebas gráficas incontestables que demostraban sistemáticamente el incumplimiento.

Nuevamente vemos a las instituciones del Estado al servicio de la patronal, dando por ciertas la caracterización que Lenin hiciera del mismo:

El Estado es una máquina para mantener la dominación de una clase sobre otra.

Smart Jobs: Uberización del trabajo

La huelga convocada por CSC pretende que el teletrabajo sea el modelo de desarrollo la actividad laboral en las actuales circunstancias de pandemia, de manera excepcional. Nuestro sindicato está de acuerdo en la aplicación de esta medida excepcional siempre y cuando sea algo puntual y extraordinario, para satisfacer las necesidades de conciliación en un contexto de crisis sanitaria. Sin embargo, estamos radicalmente en contra de que de la excepcionalidad se eleve a la generalidad y nos manifestamos totalmente en desacuerdo con la adopción de un modelo de teletrabajo como el que está implantando la patronal, que es perjudicial para los trabajadores por múltiples factores:

-      Apertura del mercado de trabajo a nivel mundial que abaratará los sueldos

-      Facilita la deslocalización de empresas y la evasión fiscal

-      Los riesgos psicosociales que produce el aislamiento

-      Prolongación de jornadas y el trabajo en festivos, así como la falta de desconexión digital

-      Sendentarismo

-      Sobrecostes de producción de alquiler, suministros y mantenimiento de espacios trasladados a los empleados, etc...

Si bien el teletrabajo tiene sus perjuicios por sí mismo, la empresa, de forma planificada con la patronal, está aprovechando la desescalada para imponer otra medida más grave para los intereses de los trabajadores que el propio riesgo al contagio. Se trata de un cambio de modelo productivo, denominado en AYESA Smart Job (en la empresa Telefónica, por ejemplo, se denomina Flexiwork), implantado por la vía de los hechos consumados y esquivando nuevamente la negociación colectiva, que consiste en una distribución semanal mixta de teletrabajo y trabajo presencial, pero en el que los empleados pierden su puesto físico de trabajo en las oficinas, que pasan a ser compartidos entre toda la plantilla -en lo que AYESA denomina un sistema hot desks-, debiendo cada empleado reservar desde de una aplicación móvil un puesto físico en aquellos días asignados presenciales, de igual forma al tratamiento que se hace de las salas comunes, de reuniones, etc. Paralelamente al sistema de reservas de puestos de trabajo, ha implantando un nuevo gestor de tareas para el controlar la productividad individual de cada empleado, denominado Ayesa Tasking, y al que ha obligado a reportar diariamente con la excusa de controlar el trabajo a distancia.

Las intenciones que se vislumbran con este nuevo formato laboral no son más que la del acercamiento al modelo ya implementado desde hace años por la patronal en diversos sectores con la intención de desregularlos laboral y fiscalmente, y que pretenden generalizar a cualquier tipo de servicio, auspiciados en los avances en las tecnologías de telecomunicaciones, y la ubicuidad que otorgan los dispositivos móviles. La denominada Uberización de la economía.

Compañías como Uber, AirBnb, Glovo,..., utilizando una jerga de atractivos términos eufemísticos como Coworking, compartición de recursos, carsharing, economía colaborativa, etc., disfrazan su actividad empresarial de prestación de un servicio concreto (transporte, alojamiento, mensajería), tras la gestión de plataformas digitales donde los consumidores del servicio y los trabajadores se ponen entre ellos en contacto, bajo el cobro de comisiones.

De esta manera, las empresas convierten lo que sería la actividad empresarial de una empresa del sector servicios, con unas relaciones laborales con derechos laborales y obligaciones fiscales, en un servicio "externo" de recursos humanos basado en un sistema de herramientas digitales y el "supuesto" autoservicio entre las partes, pero donde en realidad el control está bajo el mando del que gestiona la plataforma y donde los trabajadores tendrán que obedecer cuándo, qué tareas, en cuánto tiempo y a qué precio tienen que hacer si no quieren ser expulsados del sistema.

Las consecuencias a nivel laboral son que las empresas van a generalizar la figura del freelance o falso autonomo, sustituyendo a los trabajadores de plantilla, eliminando de esta manera todos los derechos de los trabajadores: horarios planificados y descanso (ni vacaciones, ni fiestas, ni fines de semana), cotizaciones, permisos (no cobrar si se pone enfermo), servicios sociales (paro, asistencia médica,pensiones,...), indemnización por despido, etc. Así como supondrá la generalización del trabajo a destajo, cobrando sólo por las tareas asignadas, si es que te las asignan, en lugar de un sueldo fijo. En definitiva, convirtiendo las relaciones laborales en relaciones mercantiles.

La capacidad que ofrece la tecnología para la digitalización de estos servicios y su acceso desde cualquier parte también tiene consecuencias a nivel fiscal, pues permite a estas empresas ubicar su sede en cualquier país que ofrezca atractivos descuentos, e igualmente permite la reducción al mínimo de los departamentos de RRHH, con cuya automatización progresiva permite ya hoy día el despido, o baja en la plataforma, automatizado basado en los datos recogidos por la misma y la toma de decisiones mediante el uso de la inteligencia artificial.

Este es el objetivo que la empresa junto con la patronal quieren implementar para acabar con los pocos derechos laborales que nos quedan. Es su nueva propuesta de aumentar las explotación y sus beneficios a costa de nuestra miseria, como lo fueron en su día la aparición del trabajo temporal y las ETTs, o la subcontratación, siempre para traspasar la mayor parte de las ganancias de la producción económica desde los trabajadores hacia los empresarios. Es lo que vienen haciendo con el concurso del Estado y sus instituciones, CCOO Y UGT entre ellas, en cada reforma laboral desde los pactos de la moncloa donde los trabajadores hemos ido perdiendo las conquistas que nuestros abuelos obtuvieron con su lucha y sacrificio.

COORDINADORA SINDICAL DEL CLASE (C.S.C.) EN AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES SA

 

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Teletrabajo. Apertura de la competencia laboral con deslocalización regional e internacional

Teletrabajo. Apertura de la competencia laboral con deslocalización regional e internacional

Para ver las repercusiones a medio plazo de la implantación de un nuevo modelo productivo basado en el teletrabajo, podemos observar lo que viene ocurriendo en los países más avanzados tecnológicamente, adelantados en su despliegue.

Como muestra el artículo de El Confidencial con el caso de Facebook en EE.UU., el cambio a un modelo productivo donde predomine el teletrabajo supondría para las empresas la oportunidad de pagar menos a aquellos trabajadores ubicados en las zonas geográficas donde el coste de vida es menor, ofreciéndoles un salario más reducido acorde al coste de vida de la zona de residencia. O lo que es lo mismo, es una fórmula para tirar los salarios de los trabajadores por tierra.

También especula el artículo con la traslación a la realidad de nuestro país, que se caracteriza por unas brechas salariales entre las capitales, Madrid y Barcelona principalmente, y el resto de las provincias. Si bien el artículo especifica que la medida adoptada por Facebook de imponer un sueldo en función de la residencia del empleado no tiene encaje legal en nuestro país, su objetivo, el de aprovechar la brecha salarial entre regiones, es perfectamente alcanzable por la precariedad salarial del convenio colectivo sectorial, gracias a la firma de las centrales sindicales a sueldo de la patronal, CCOO y UGT, donde los sueldos mínimos son tan bajos que incluso quedan por debajo del SMI.

La aceleración que ha dado el estado de alarma a la implantación del teletrabajo en las empresas, convierte en una realidad ya la posibilidad para las empresas de aprovechar la brecha entre regiones para bajar los sueldos. La prueba evidente de ello la tenemos en la adaptación que los portales de empleo ofertando trabajos de teletrabajo exclusivo:

tecnoempleo.com: Trabajo remoto: Nuevos tiempos, nuevas formas de trabajar

Las empresas del sector TIC ya trataron anteriormente de aprovechar esta brecha salarial regional con la estrategia de las Software Factory, abriendo delegaciones en ciudades de provincias que preferentemente contarán con una universidad que les proveyera de ingenieros a menor precio que en la capital.

El teletrabajo podría ser visto con buenos ojos por muchos trabajadores de provincias que por su arraigo no pueden o quieren dar el salto a las grandes capitales para trabajar, pensando que supondrá un incremento en el número de ofertas a su alcance respecto a las que tenían antes del teletrabajo. Sin embargo, a día de hoy, puesto que los avances tecnológicos permiten desvincular completamente a un trabajador de un espacio de trabajo concreto, la realidad que se dibuja es la de un mercado de trabajo globalizado donde no hay fronteras, que alcanza a cualquier parte del mundo que disponga de infraestructura de telecomunicaciones. Esto básicamente supone abrir el mercado laboral a nivel mundial, la incorporación masiva de nuevos demandantes procedentes de países en proceso de desarrollo, con trabajadores que alcanzan niveles técnicos equiparables, y con derechos laborales inexistentes, que entran así a competir por unos puestos de trabajo reducidos, lo que por oferta y demanda se traduce en una grave reducción de sueldos.

Igualmente, la desvinculación empresa/trabajador que trae el nuevo modelo de producción permite la fuga de las empresas a terceros países buscando esquivar sus obligaciones fiscales. Aunque no es un fenómeno nuevo, siendo Irlanda un ejemplo de atracción de empresas tecnológicas por las ventajas fiscales, el teletrabajo permite que el país de destino no tenga que disponer de un sistema educativo que provea de trabajadores cualificados.

La estrategia de generalizar el teletrabajo supone una vuelta de tuerca en el proceso de deslocalización para alcanzar a cada trabajador individualmente. De igual forma que se hizo en el pasado con las fábricas, trasladando la producción del sector industrial al continente asiático, con el modelo denominado globalización, y que persiguió abaratar costes laborales localizando las fábricas en países con mano de obra más barata, ahora la deslocalización también alcanza a cualquier sector donde el trabajo se realice desde un equipo informático, e igualmente busca la maximización de las ganancias empresariales a costa de la precarización, la bajada de salarios, y supondrá mayores tasas de desempleo.

 ¡FORTALECE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES, AFÍLIATE A CSC!

¡NO a los abusos laborales!

¡NO a los retrocesos laborales!

¡NO a la represión sindical!

SECCIÓN SINDICAL DE C.S.C. EN AYESA AT

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Teletrabajo y Smart Working: Uberización e Ingreso Mínimo Vital

Teletrabajo y Smart Working: Uberización e Ingreso Mínimo Vital

Planificación patronal acelerada por el COVID-19

El despliegue del teletrabajo del que hemos sido testigos por Real Decreto ha supuesto, según un estudio, pasar del 4,8% de los empleados durante 2019, al 34%. Es cierto que tal empuje ha venido obligado por la situación de urgencia derivada de la pandemia, pero pese a la improvisación, se ha podido ver que el mismo ha sido bastante rápido, relativamente fácil y exitoso, constatándose la madurez de los avances tecnológicos que lo hacen posible, así como el alto grado de incorporación que ya habían adoptado las infraestructuras de las empresas, que les ha permitido llevar a cabo semejante transición en tiempo record.

Y es que, a poco que indaguemos, se puede ver que los empresarios, de forma organizada, llevan ya algunos años diseñando, incorporando y definiendo cómo poder sacar partido de todos esos avances tecnológicos que permiten abandonar el trabajo presencial (las negritas son nuestras):

En 2015 Telefónica puso fecha de caducidad para este año 2020 al puesto de trabajo físico: Nativos digitales: un punto de inflexión en el mercado laboral en 2020

  • En estos momentos se está moldeando la futura fuerza laboral del año 2020. Entre otras muchas cosas, cambiará drásticamente nuestra mentalidad sobre cómo y dónde trabajamos y todo apunta hacia un nuevo entorno, en el cual el lugar, el horario, los compañeros y las actividades no necesariamente coincidirán. El “lugar de trabajo” perderá su condición de espacio físico (esa mesa en la que colocar un marco con fotos de los niños…) y pasará a ser el “momento de trabajo”

También en 2015, desde Oxford Economics animaban a las empresas a adoptar los avances tecnológicos para modificar su política de recursos humanos, en su informe Fuerza laboral 2020. La inminente crisis de talento

  • Están ocurriendo grandes cambios en el lugar de trabajo. La naturaleza del empleo en sí está en pleno proceso de transformación. Y lo mismo ocurre con la composición de la mano de obra, a medida que el ingreso de la generación millennial junto con la globalización y el cambio social aumentan la diversidad de los empleados. Entender estos cambios y adaptarse a los mismos resulta fundamental para gestionar la fuerza de trabajo de 2020, pero hacerlo requerirá que las empresas adopten un enfoque más estratégico de recursos humanos y se equipen de las herramientas adecuadas para gestionar el nuevo lugar de trabajo.
  • Un considerable 83% de los ejecutivos dice que está aumentando el uso de consultores, empleados intermitentes, o trabajadores contingentes*. Estas nuevas relaciones requieren que las empresas manejen a los trabajadores en nuevas formas. Nuestra encuesta muestra que el aumento de las posiciones fuera de la nómina está forzando el cambio en las empresas, y un 42% dice que está afectando su estrategia de fuerza de trabajo.
  • * contratistas independientes, empleados a tiempo parcial, o empleados temporarios o subcontratados

En un post de 2016, La fundación para la Investigación sobre el derecho y la empresa, se expresaban con estas líneas maestras ¿Es hora del Teletrabajo y del Smart Working?:

  • Estas fórmulas van mucho más allá del mero teletrabajo ya que el trabajo se realiza en los lugares más adecuados (no estrictamente la oficina o el domicilio del trabajador) y opera la flexibilidad y la autonomía como norma y la conectividad plena y horario casi continuo. Con carácter inicial, los Smart workers pueden tener distintas relaciones jurídicas con las empresas (algunas serán contratos de trabajo, otras relaciones civiles o mercantiles por proyecto, otros serán empleados de empresas contratistas o incluso autónomos o freelance).

Como se puede ver, desde los Think-Tank empresariales llevan todo este tiempo estudiando, definiendo y afinando fórmulas de nuevos modelos productivos con el fin de aprovechar la flexibilidad que las nuevas tecnologías permiten. Unas fórmulas que buscan obtener mayores ganancias en base a dinamitar las relaciones laborales, transformarlas en relaciones empresariales, sustituyendo el trabajo por cuenta ajena por falsos autónomos o subcontratación, llevándose consigo los pocos derechos que aún tenemos los trabajadores, y donde las oficinas van a quedar obsoletas.

Beneficios para la patronal del nuevo modelo productivo

Los beneficios para la patronal que incorpora el teletrabajo son múltiples:

Si bien todos estos beneficios ya incentivan a que las empresas tiendan a abandonar el trabajo presencial, donde realmente se generan beneficios en el nuevo modelo es con la figura del falso autónomo, también llamado proceso de uberización del trabajo, con la que los empresarios:

  • Ahorran en pagar seguridad social, mutuas y servicios de prevención de riesgos
  • Reducirán los alquileres a la mínima expresión.
  • Impondrán el trabajo a destajo, que podrán planificar sin importar vacaciones, fines de semana ni festivos, ni horarios, ni descansos.
  • Incrementarán los ritmos de trabajo. Puesto que el objetivo de la patronal es el de pagar por trabajo y no por jornada de trabajo - tiempo de trabajo - para que la Empresa asigne más trabajo el trabajador, ya bajo la fórmula de freelance o autónomo, deberá acelerar los ritmos de trabajo. 
  • Bajarán aún más los sueldos, pues al no tener el empresario obligación de proporcionar trabajo efectivo para la jornada completa, ni obligación de indemnizar el despido, podrá jugar la baza del chantaje del hambre, al poder repartir las tareas entre el número de trabajadores disponibles, aumentando la competencia entre ellos, por hacerlo a menor precio y en menos tiempo para poder así completar el sueldo del mes, chantaje que no podremos evitar si queremos tener tarea al día siguiente.

Esto básicamente significa retroceder a tiempos pasados, donde cada día el señorito paseaba por la plaza del pueblo para elegir de entre los jornaleros presentes a aquellos que ese día iban a echar la “peonada”. Evidentemente nos podemos olvidar de ponernos enfermos o cobrar prestaciones por desempleo, indemnizaciones por despido, etc...

Riesgos psicosociales para los trabajadores

En contraposición a los beneficios de la patronal, para los trabajadores, lo que inicialmente pudiera parecer atractivo en cuanto a las posibilidades de conciliación y ahorros de tiempo y gastos de transporte que proporciona, tras estos meses de su uso forzado por la pandemia poco a poco nos vamos dando cuenta de una realidad no tan favorable:

  • costes económicos de producción soportados por los trabajadores que antes recaían entre los deberes legales del empresario
  • falta de desconexión que alarga las jornadas e impide el descanso
  • vigilancia y seguimiento paranoico de las tareas que genera sobrecarga con tareas burocrático-administrativas improductivas
  • nuevos modelos de evaluación continua con periodicidades más corta
  • falta de interacción con los compañeros que genera aislamiento y una merma en el bienestar psicológico
  • fatiga digital por la barrera de la comunicación a distancia que obliga al escribir o usar herramientas para resolver tareas simples con mayor esfuerzo
  • sedentarismo
  • mayor tiempo encerrados con menos posibilidad de descanso mental

es decir una modificación total de las costumbres de la vida cotidianas propicias para el incremento del estrés, el mal humor y las tensiones familiares entre parejas e hijos, al compartir el espacio familiar, que podría volverse explosivo para la salud mental, favorecer divorcios y adicciones, etc.

Uberización del trabajo.

Estas fórmulas se empezaron a implantar ya desde la anterior crisis del 2008 en algunos sectores, en lo que han venido denominando economía colaborativa, economía digital, plataformas digitales o, más despectivamente, uberización, por parte de los que padecen sus consecuencias. Empresas de servicios como Uber, Cabify, Glovo, Amazon Flex, en los sectores del transporte, mensajería, del comercio, han sido las pioneras en desplegar el Smart Working (Smart Job), como una versión “mejorada” del teletrabajo, que apoyándose en las infraestructuras de telecomunicaciones y las aplicaciones web y móviles (plataformas) han redefinido el funcionamiento de las Empresas, desligándolas de sus obligaciones fiscales y laborales, de manera que sin perder el control de la producción ni de sus trabajadores, pasan a ser mediadores entre los prestadores de los servicios, el trabajador, que realiza, y el consumidor, que lo recibe. Con este modelo la precariedad y la explotación se amplifica, consiguiendo un trasvase de riqueza desde los trabajadores hacia la clase empresarial, como ya hicieron anteriormente con la generalización de las ETT, el trabajo temporal, o las subcontratas.

Implantación internacional

Los monopolios empresariales, una vez han comprobado la efectividad para sus intereses de estos nuevos modelos de producción, tratan de generalizarlos al resto de las compañías y de países, para lo cual acuden a los organismos internacionales en los que se organizan y determinan la producción a nivel mundial, desde donde expanden el "caso de éxito", contando con la diligencia y complicidad de los gobiernos y las instituciones nacionales para su despliegue legal. Así en 2018 durante la Cumbre del G20 en Buenos Aires los países imperialistas aprobaron una declaración titulada “Building consensus for fair and sustainable development” donde marcaban la hoja de ruta a seguir con respecto del trabajo futuro:

  • 7. Seguimos comprometidos con la construcción de un futuro del trabajo inclusivo, justo y sostenible promoviendo trabajo decente, formación profesional y desarrollo de habilidades, incluida la recapacitación de trabajadores y la mejora de condiciones laborales en todas las formas de empleo, reconociendo la importancia del diálogo social en esta área, incluido el trabajo entregado a través de plataformas digitales (…)
  • 9. Para maximizar los beneficios de la digitalización y las tecnologías emergentes para un crecimiento innovador y productividad, promoveremos medidas para impulsar las micro, pequeñas y medianas empresas y empresarios, cerrar la brecha digital de género y una mayor inclusión digital, apoyar la protección al consumidor y mejorar el gobierno, la infraestructura y la medición de lo digital en el terreno económico. Reafirmamos la importancia de abordar los problemas de seguridad en el uso de las TIC. (…) Damos la bienvenida al Repositorio de Políticas Digitales del G20 para compartir y promover la adopción de Modelos innovadores de negocio de economía digital. Reconocemos la importancia de la interfaz entre el comercio y la economía digital. Continuaremos nuestro trabajo de inteligencia artificial, tecnologías emergentes y nuevas plataformas de negocios.”

El documento dibuja una clara agenda a los estados firmantes para el despliegue tecnológico y la promoción de Modelos innovadores de negocio de economía digital, plataformas digitales, las microempresas y empresarios. Es decir la generalización de la Uberización y la precariedad, como nuevos modelos productivos que sustituirán a los actuales.

El nuevo Estatuto de los Trabajadores

La actualidad informativa pone de manifiesto cómo la planificación diseñada por las oligarquías está cumpliéndose a rajatabla por las instituciones del Estado Español. El pasado mes de diciembre, en el documento llamado «Coalición progresista, Un nuevo acuerdo para España», donde PSOE y Unidas Podemos pactaron no derogar las reformas laborales, se constató la decisión de crear un nuevo Estatuto de los Trabajadores:

  • 1.2.- Elaboraremos, previo diálogo con los agentes sociales, un nuevo Estatuto de los Trabajadores que compagine la protección de los trabajadores y trabajadoras frente a los desafíos sociales, tecnológicos y ecológicos del siglo XXI y el reconocimiento de nuevos derechos de los trabajadores propios de la realidad económica, social y laboral actual, con la necesaria competitividad empresarial y el papel de la negociación colectiva como elemento de reequilibrio necesario.

Un texto que pretende dar cabida a este nuevo modelo productivo (actualmente ilegal, que choca con la justicia. véase el conflicto del taxi, de los riders, o de las viviendas de alquiler turístico), que con la excusa de defender a los trabajadores, en realidad estará legalizándolo con restricciones, sabiendo que dichas restricciones son papel mojado (el ET es la legislación que impunemente más se incumple), y que se perderán en el camino de los juzgados, si es que compensa al trabajador acudir a ellos, como ya ocurre con muchos otros derechos como la reducción de jornada, adaptación, cobrar horas extras, permisos de maternidad/paternidad, sindicación, ... cuya mera sospecha de su ejercicio suponen el despido fulminante.

Los agentes sociales, mejor dicho, los lacayos de la patronal. 

También muestra el documento del G20 la importancia que otorgan las grandes empresas, las multinacionales, a un ingrediente fundamental para introducir en la sociedad "las bondades" de estos nuevos modelos: El diálogo social. Siendo los agentes sociales actores fundamentales para teatralizar la traición, sellando un acuerdo que pretende representar a toda la sociedad, pero donde los trabajadores no están representados por nadie, con UGT y CCOO siervos de la patronal, ejemplos firmes de sindicatos vendidos: subvenciones multimillonarias, comisiones por despedir masivamente (EREs), accionistas titulares de la gestión de carteras de pensiones patronales, y corruptos reconocidos por la justicia, o en vías de serlo.

Ante el anuncio del gobierno de regular el teletrabajo obligando a la patronal a compensar los gastos a los trabajadores, la patronal ha desplegado su habitual chantaje, al que el gobierno ha respondido confirmando quíen manda realmente (un mes prolífico para verlo, también con la caida del impuesto a los ricos), condicionando este asunto a su negociación bajo la mesa del diálogo social. Evidentemente la patronal como a cualquiera, no le gusta que le cambien sus planes, y no podía renunciar a una de las mejores ventajas del nuevo modelo: trasladar los gastos de producción a los trabajadores. Con la llamada al orden al gobierno, para que se decida esto en la mesa de diálogo social, y con la cuerda atada en corto a la contraparte “dialogadora”, la patronal se garantiza que el falso diálogo social favorezca sus intereses.

Ante esta dialéctica, los sindicatos amarillos de la patronal (UGT y CCOO) tratan de ganarse su caramelo, arrogándose la iniciativa de la negociación para ganarse la confianza de los trabajadores, cuando en realidad son meras comparsas al dictado de la patronal y su planificación. Ahí podemos encuadrar sus urgentes propuestas de renegociación del XVIII Convenio Colectivo de consultoría, para incluir la normativa sobre el teletrabajo. Esa iniciativa que ha llevado a tener el convenio 10 años paralizado, pero que ahora parece que les entra un fervor negociador, curiosamente justo cuando más le interesa a la patronal, antes que el experimento del teletrabajo masivo haga que los trabajadores vean la trampa en la que han caído.

El Ingreso mínimo vital

La aprobación el pasado 10 de Junio de la medida del Ingreso Mínimo Vital ha generado numerosas muestras de apoyo y aprobación desde estamentos sociales que ideológicamente deberían estar en contra. La aprobación se produjo sin el voto en contra de ningún partido, incluso con la abstención del partido de "la paguita", de un parlamento que ha dado sobradas muestras de estar teledirigido por el IBEX 35.

La clave de esta aceptación podemos encontrarla nuevamente en las palabras de la propia patronal sobre el nuevo modelo productivo que están imponiendo. En diciembre de 2017 Miguel Rodríguez-Piñero Royo de PwC, Catedrático de Derecho del Trabajo en la Universidad de Sevilla y asesor jurídico de AYESA AT, publicaba en el diario 20minutos el siguiente artículo: “Economía colaborativa y empleo decente” donde consciente de la precariedad máxima a la que llevan a los trabajadores los nuevos modelos productivos, abogaba por legalizar con un nuevo Estatuto para los que denomina working poors, por un lado, a la vez que propone que se les complemente el sueldo desde el estado, con nuevos mecanismos de tutela, al no ser el sistema de Seguridad Social adecuado a un trabajo de cotización mínima:

  • “Hay que plantearse qué modelo de economía colaborativa queremos, particularmente desde la perspectiva del empleo. Hay riesgos reales de que pueda convertirse en un factor de precarización, uno más, generando empleos de escasa calidad y convirtiendo a sus trabajadores en working poors. (…) Una mayoría de los trabajadores de plataformas son, desde el punto de vista del Derecho del Trabajo vigente, autónomos. Esto es un problema, porque nuestra legislación para este tipo de trabajo es a todas luces insuficiente para asegurarle unos niveles adecuados de ingreso y de calidad de vida profesional. Reconocerlos como trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE), como se ha hecho en algunas plataformas, no basta. Seguramente tendremos que plantearnos un nuevo estatuto de trabajo autónomo digital, con obligaciones más claras para las empresas implicadas y una extensión de ciertos aspectos del trabajo asalariado … Tampoco nuestro sistema público de Seguridad Social es adecuado para proteger a los trabajadores en plataformas, ya que exige períodos de seguro de larga duración. Cuando el trabajo no te da para vivir, porque es lo que algunas plataformas te ofrecen, es necesario pensar otros mecanismos de tutela”.

El diario digital de PYMEs y autónomos autonomosyemprendedor.es publicaba el pasado 30 de mayo un artículo valorando positivamente la medida del Ingreso Mínimo Vital aprobada por el Gobierno, artículo que se titulaba “Los autónomos también podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital” de donde destacamos las propias palabras del vicepresidente

  • De hecho, esta compatibilidad de la medida con otro tipo de ingresos, incluidos los derivados de una actividad económica, es una de las características más importantes de la prestación “y que la distingue de otro tipo de rentas de inserción social que existían hasta el momento” dijo el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en la rueda de prensa posterior al Consejo. De esta forma, la prestación no sólo cubre a aquellas personas que estén desempleadas, sino también a personas que trabajen, bien por cuenta propia o ajena, siempre y cuando tengan unos ingresos lo suficientemente bajos.

De ambos extractos podemos ver cómo la nueva legislación del gobierno sigue al pie de la letra las peticiones de la patronal de introducir esos nuevos modelos productivos, a sabiendas del nivel de precariedad que van a añadir, y de la necesidad de complementar los ingresos de esos trabajadores pobres con nuevas prestaciones.

Como ocurre con otras subvenciones estatales como la ayuda al alquiler de jóvenes, que pasa a los propietarios que elevan la renta para quedársela, o las ayudas a la compra de coches, que mediante la subida de precios pasa a manos de los fabricantes, el Ingreso Mïnimo Vital no es más que un complemento salarial, compatible con los autónomos (incluidos los falsos), que incentiva la bajada de salarios, que terminará siendo un complemento que el Estado regala a los empresarios. Como tal, podemos entender que la propuesta de implantar un Ingreso Mínimo Vital no solo no causa rechazo entre la patronal y sus voceros, sino que surge de ella misma. 

La cuestión es tan evidente que incluso ya la propia Dirección de UGT lo está denunciando: 

UGT avisa de que las empresas pueden aprovechar el ingreso mínimo vital para rebajar los salarios

Esto supone un nuevo paso para acrecentar las desigualdades, traspasando las riquezas producidas por los trabajadores a una minoría elitista que, que ahora ya apenas si paga impuestos, pero que ya ni siquiera pagará los sueldos. Con este panorama resultante al que nos acercamos, sólo nos queda hacer una última pregunta: Si los trabajadores producimos la riqueza, y de lo que generamos pagamos los impuestos, pagamos los sueldos, ponemos los medios de producción, y rescatamos a las empresas en pérdidas ¿Para qué se necesitan los empresarios?

¡Qué no te engañen ni los empresarios ni aquéllos cuyo modus vivendi es la traición de los trabajadores! 

¡Fortalece el sindicalismo de clase, afíliate a CSC!

SECCIÓN SINDICAL DE C.S.C. EN AYESA AT



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