Examinando los datos extraídos del informe del Ministerio del Interior, en los últimos 18 meses, el Estado ha recaudado 131 millones de euros con la Ley Mordaza, por tanto queda constatado el afán recaudatorio de estas leyes y dado que las sanciones por “desobediencia o la resistencia a la autoridad” y “la negativa a identificarse” y/o por “faltas de respeto y consideración” son de las más numerosas, se constata como la arbitrariedad y la ambigüedad en la redacción del articulado han fomentado la falta de garantías judiciales, que manifestamos.