La ley de Violencia de Género de 2004 (en adelante LOVG) fue aprobada por unanimidad en un parlamento mayoritariamente masculino (solo el 36% de los parlamentarios eran mujeres). La anuencia general que ha tenido esta legislación expresa su importancia capital para el Estado y la sitúa en la misma categoría que las directrices fundamentales del sistema como lo es la Constitución de 1978.