La acusación, representada por el Ministerio Fiscal, la abogacía del Estado y un letrado del Ayuntamiento de Burgos, ha reiterado la solicitud de dos años y medio de reclusión para cada uno de los procesados, además del pago de 20.000 euros en concepto de indemnización al Consistorio. Por su parte, la defensa de los encausados ha solicitado su libre absolución alegando que las acusaciones son “incorrectas y defectuosas” basadas en “atestados exagerados de forma brutal”.