Esta declaración tiene lugar en momentos en los que existe una campaña de persecución del único partido opositor legal existente en Rusia, el liberal Yábloko, varios de cuyos líderes federales y regionales no podrán concurrir a las elecciones parlamentarias tras ser detenidos, arrestados, catalogados como agentes extranjeros o acusados de extremismo. La oposición democrática y, en ocasiones, incluso los partidos con representación parlamentaria, han denunciado fraude en todas las elecciones celebradas en este país, al menos desde 2011.