Como parte de la denominada "actualización del modelo económico", las autoridades toman medidas para hacer más eficiente el trabajo de las empresas y entidades estatales. Ello adquiere suma importancia en el contexto de las reformas implementadas por el gobernante Raúl Castro, ya que se persiste en considerar al sector estatal como la columna vertebral de todo el sistema de propiedad que se erige en la Isla.
Sin embargo, un obstáculo de grandes proporciones se interpone ante el deseo de los jerarcas del castrismo: el delito y la corrupción parecen indetenibles en las referidas empresas y entidades. De acuerdo con datos suministrados por la Contraloría General de la República, durante el año 2015 se detectaron 233 delitos, entre los que 106 clasificaron como hechos de corrupción. De los perjuicios económicos propinados al patrimonio público, el 33% correspondió al presupuesto del Estado, mientras el restante 67% fueron a empresas y entidades. Se recomendaron 6.614 medidas disciplinarias contra los infractores directos y sus colaboradores.