La mayor parte de las operaciones urbanísticas realizadas en Galicia son en zonas en las que hay viviendas habitadas, por el poblamiento disperso habitual. Pero esas operaciones, trazadas a través del planeamiento pocas veces tienen en cuenta a esos residentes previos.
La legislación, además, favorece la acción de los promotores inmobiliarios y facilita que puedan derrumbar y construir en la parcela escogida si pertenece a un conjunto y controlan la mayor parte del terreno, aunque las personas residentes estén en contra.
Ergosfera analizó el caso de A Coruña, hallando 1198 viviendas amenazadas