La defensa intenta vestir de irregularidad procesal lo que cada vez más parece un caso de libro: la élite política y empresarial española funcionando como una familia cerrada donde el mérito se mide en lealtades y no en leyes. No hay nada más previsible que un poder acostumbrado a la impunidad, sorprendido cuando alguien se atreve a levantar la alfombra. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene su posición: las pruebas son válidas y el proceso debe seguir. Mientras la mayoría contaba céntimos, otros se repartían millones con la bendición de los que
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