El precedente es el atentado de Hipercor en la capital catalana el 19 de junio de 1987. En aquella ocasión, tanto la sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional como posteriormente las sentencias en casación ante el Tribunal Supremo obligaron al Estado a pagar millones de las antiguas pesetas a las víctimas de la masacre que provocó 21 muertos. “No es que digamos que la policía no hizo correctamente lo que debía hacer; es que, sencillamente, no hizo nada, y eso plegándose a intereses comerciales muy defendibles, cierto, pero
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